Transparencia, igualdad, mérito e ideología

Si esto fuera en beneficio del servicio público, ni tan mal. Pero ya sabemos que no es así. Lo vemos con los nombramientos de altos cargos, donde solo prima la ideología, como ha ocurrido en el caso, aireado sin complejos, de Iñigo Iturrate al frente del Euskalduna, o en el de Julen Arzuaga, más a la chita callando, en una asociación de fomento rural en Durangaldea. La libre designación está amparada por la ley. Lo cual produce un desastre en la mayoría de los casos, no solo por la imagen que da de prepotencia del político sino por sus efectos en cascada sobre toda la administración, donde quedan pervertidos y contaminados sin remedio sus principios rectores de transparencia, igualdad y mérito.

Cuando el político o el alto cargo toma mando en plaza en la administración que le toca en suertes, sea directivo de una sociedad pública, consejero, diputado foral o concejal de ayuntamiento –y eso sin contar con que previamente ya le ha cambiado el nombre al departamento o lo ha reestructurado o reconvertido en función de necesidades puramente políticas–, va a tener que contactar con los altos niveles de los funcionarios de carrera bajo su mando, que se rigen, estos sí, desde que entran en la administración, por criterios de capacidad, mérito y experiencia. Pero es el político, rodeado de sus asesores elegidos a dedo, quien les va a decir a dichos altos funcionarios lo que tienen que hacer.

Y para más escarnio de la administración, el resultado de ese choque desigual suele producir además altos funcionarios abducidos por políticos y convertidos en mandarines o reyezuelos africanos en relación con quienes eran sus iguales en escala administrativa. Y esto pasa en Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Algunos expertos, como Rafael Jiménez Asensio, hablan de crear un cuerpo de directivos públicos profesionales, formado por los niveles más altos de la carrera administrativa y que resistan a la presión del político, siempre en aras de la mejora de los servicios públicos. Pero ¿qué político sería capaz de tomar una iniciativa legislativa que rebaje o limite el poder que ostentan los de su gremio sobre la administración pública?