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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el pasado 20 de junio la sede de Euskal Irrati Telebista (EiTB) en Bilbao en el marco de una operación a nivel nacional por un posible fraude en los contratos de la SGAE (Sociedad General de Autores y ... Editores) sobre derechos de autor. Los funcionarios buscaban información relacionada con el caso de 'La Rueda de las televisiones', por el que fueron detenidas 18 personas, se realizaron 16 registros y se enviaron una veintena de requerimientos de información de documentación, además de al ente vasco, a diferentes televisiones nacionales y autonómicas, como TVE, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisión (CMM), Radiotelevisión Canaria, Televisión de Aragón, la TPA (Principado de Asturias), la televisión autonómica Murcia 7RM, la andaluza RTVA y la balear IB3.
El registro de la sede de EiTB fue hecho público en una nota policial e incluso la propia radiotelevisión vasca emitió un comunicado en el que indicaba que la Policía Nacional, a instancias de la Fiscalía, le había requerido «declarar» y «aportar documentación» y que estaba «colaborando en todo este proceso».
Lo que EiTB no desveló es que su directora general, Maite Iturbe, fue citada por los agentes de la UDEV en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en el País Vasco para continuar con las investigaciones. Por ello, el PP anunció ayer que exigirá la comparecencia en el Parlamento vasco de la responsable del ente para que «dé explicaciones» ante los grupos políticos.
«Es un asunto de la entidad y gravedad suficiente como para que acuda a la Cámara. Son noticias que generan alarma social porque hablamos de utilizar una plataforma pública, pagada con el dinero de todos los vascos, para hacer un negocio ilegal y obtener beneficio económico privado», denunció la parlamentaria popular Nerea Llanos. El PP criticó además que Iturbe no informara de su citación por parte del Cuerpo Nacional de Policía en el consejo de administración del ente celebrado el 18 de julio.
La directora general, según detalló el medio digital 'eldiarionorte.es', sí dio cuenta de su paso por comisaría a la Comisión de Ética del Gobierno vasco, que acordó que Iturbe continúe en su cargo «hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral». Asimismo, apunta que la citación «no expresa de modo patente e indubitado que (Iturbe) haya sido citada a declarar en concepto de investigada» o como testigo.
En el escrito que remitió a ese organismo, presidido por el consejero Erkoreka, la responsable de EiTB sí explicó que se «acogió al derecho a no declarar» porque «no tenía más información» y que «quedó a disposición» de los agentes «para colaborar en cuanto tenga más datos».
El 'modus operandi' era en apariencia sencillo. Consistía en localizar una pieza musical libre de derechos de autor, casi siempre grandes clásicos de Vivaldi, Beethoven, Tchaikovsky..., introducir unos arreglos ínfimos -y en ocasiones ni eso- y volver registrarla como una composición original a nombre de testaferros y empresas editoriales. A continuación, contactaban con «personas en el seno de las televisiones que, a modo de intermediarios, favorecerían las emisiones de esas piezas en las cadenas en las que trabajan» en horario de madrugada. Esos 'conseguidores' recibían a cambio una «contraprestación económica por su labor» o un «porcentaje de los derechos que la cadena pagaba a la SGAE y esta entregaba a los autores.
Además, en algunos casos, los temas emitidos eran cedidos a su vez a editoriales pertenecientes a las propias cadenas televisivas, que lograban así ingresar el 50% de la recaudación por derechos -la otra mitad era para el intérprete- y compensar así las cantidades que pagan anualmente a la SGAE.
Las investigaciones están bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, pero los primeros cálculos estiman que la trama pudo defraudar más de cien millones de euros durante cinco años.
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