Podemos abrió ayer una doble vía contra la batería de imputaciones realizadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, por supuesta financiación irregular.
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La judicial acarreó ... la presentación de un recurso en la Audiencia Provincial para frenar la causa en el que se considera que el magistrado Juan José Escalonilla «carece de indicios» sobre los que sustentar sus acusaciones. La política hizo bastante más ruido y pretende desacreditar al juez, al que la cúpula del partido morado acusó de «hacer cosas raras» y orquestar una «causa general» coincidiendo con la moción de censura que presentará Vox contra el Gobierno en septiembre.
Pablo Echenique ya señaló esta senda el martes, cuando aseguró que la investigación de Escalonilla quedará «en nada» y que su fin «no es judicial, sino la difamación mediática». Lo dijo al poco de que se conociera que el juez había imputado a Podemos como persona jurídica y había llamado a declarar en calidad de investigados a tres altos dirigentes, entre ellos el secretario de Comunicación y responsable de las campañas electorales, Juan Manuel del Olmo, muy cercano a Pablo Iglesias, para determinar, entre otras cosas, si la formación de los círculos tiene una 'caja B'. De momento, el magistrado ha incoado diligencias previas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal.
Ayer fue su portavoz quien puso voz a los reproches de Podemos. Además de poner en duda la legitimidad de algunas investigaciones del juez Escalonilla y el «hace cosas raras», Rafa Mayoral aseguró que la investigación «no tiene ni pies ni cabeza» y que se basa únicamente en «algunos documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte, que rayarían el ridículo si no fuera porque hay un procedimiento judicial en marcha». Mayoral lamentó también «el todo vale» contra su formación, y aseguró que la causa forma parte de un plan mayor que busca «sacar del Gobierno» a los representantes de Podemos. Incluso lo interpretó como un aviso a navegantes. «Se trata de una maniobra para disuadir a la gente de que no haga política porque los poderes fácticos van a ir a por ellos».
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Podemos ya presentó el mismo martes un escrito ante el juzgado donde pide la «nulidad» de la declaración de Calvente con la que el exabogado ha activado las pesquisas judiciales. El partido morado considera que el proceso no se ajusta a derecho porque no se les ha facilitado la grabación completa de las palabras de Calvente. Según denunciaron desde la formación de los círculos, solo les entregaron «los primeros 41 minutos y 52 segundos» de las más de tres horas y media de testimonio.
Mientras, la causa sigue adelante y apunta a la cúpula de Podemos y a ex altos cargos como Juan Carlos Monedero, a quien el abogado purgado acusó de percibir sobresueldos a través de «contratos simulados» con la empresa Neurona Consulting, con la que Podemos trabajó en las elecciones de 2019. La firma emitió el año pasado una factura de 368.000 euros sobre la que ya ha puesto el foco el Tribunal de Cuentas. De momento, el juez Escalonilla ha solicitado una revisión de todas las sociedades mercantiles en las que Monedero aparezca entre los administradores.
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