El parque tecnológico de Álava suspende la ampliación salpicada por el 'caso De Miguel'

El consejo del parque -compuesto por el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación (a través de Álava Agencia de Desarrollo) y el Gobierno vasco (Spri)- ha optado por «suspender la eficacia» del contrato tras conocer la decisión del tribunal presidido por Jaime Tapia que declara probados hechos que «constituyen un supuesto de nulidad del contrato (...) puesto que se suscribió actuando en concierto y con una finalidad ilícita». De hecho, el administrador único de Stoa, Sergio Fernández, ha sido condenado a un año y medio de cárcel por un delito de cohecho activo y falsedad en documento privado.

La decisión ante este fallo que aún no es firme -algunos inculpados ni siquiera han recibido la sentencia- fue adelantada la pasada semana por el diputado general, Ramiro González, y ha sido tan apresurada que pilló lejos de Vitoria a algunos de los consejeros. En todo caso contrasta con el impás que se han marcado para decidir sobre el futuro laboral de Koldo Ochandiano, que hace meses volvió a ser contable de Miñano, y tiene que enfrentarse a una pena de siete años y medio de cárcel.

El acuerdo del consejo de administración subraya que «de confirmarse la sentencia en los términos de la primera instancia, no resultará necesaria la adopción de nuevos acuerdos». Todo queda en el aire si el Supremo revoca el fallo.

Este contrato de 350.000 euros permaneció en 'stand-by' desde marzo de 2009 hasta julio de 2018 cuando, en plena marejada judicial, Stoa reactivó las gestiones para ampliar Miñano. Pese a la enorme polémica que suscitó y las críticas de la oposición, representantes del PNV defendieron su legalidad. Un proyecto que siguió su tramitación y eso que no contaba con el apoyo de altos técnicos municipales por ir en contra de normas urbanísticas.

En su resolución, los magistrados consideran probado que la sociedad Kataia Consulting, constituida por los tres principales inculpados -De Miguel y Ochandiano junto al exconcejal de Vitoria Aitor Tellería- y sus respectivas mujeres, recibió una comisión de 3.570 euros por parte de Stoa. «Dicha factura y el pago efectuado en base a la misma, no se corresponden con trabajos efectivamente realizados en materia de redacción de planes generales de ordenación urbana, tratándose de un pago o abono de una comisión que Sergio Fernández realizaba a Alfredo De Miguel y a la sociedad Kataia Consulting por las gestiones que éste había efectuado para la contratación», sostienen los jueces.