El Parlamento vasco reclama el traspaso de las prestaciones por desempleo

Euskadi desempeña desde 2011 la gestión de las políticas activas de empleo, pero aún falta por transferir la otra parte; es decir, la declaración del reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones del paro, así como su pago y control e incluso la potestad sancionadora y la correspondiente función inspectora. Hasta la fecha, ninguna comunidad autónoma ha asumido esta competencia, pero el artículo 18 del Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco los servicios relacionados con la Seguridad Social, como sería este caso.

Una amplia mayoría del Legislativo autonómico considera que ese traspaso se debe materializar ya, por lo que en la sesión ordinaria de este jueves se ha aprobado una proposición no de ley que llama a «efectuar» ese cambio de manos. El texto ratificado ha sido una enmienda acordada por PNV y PSE-EE frente a la iniciativa original de EH Bildu, que iba más allá y emplazaba a dar «nuevos pasos a favor de un marco vasco de relaciones laborales». Tampoco se ha avalado la propuesta de Sumar, que pedía implicar a los sindicatos en la toma de decisiones.

Con matices entre ellos, todos los grupos partidarios de la iniciativa han defendido la necesidad de asumir la competencia. Markel Aranburu (PNV) ha reivindicado el trabajo de su partido por el cumplimiento del Estatuto frente a la posición histórica de la izquierda abertzale: «Los conversos, a la cola». Pazis García (EH Bildu) ha incidido en que esta materia ayudaría a «desarrollar una política pública de empleo integral», mientras que Ekain Rico (PSE-EE) ha ensalzado los «avances» logrados durante los mandatos socialistas en el Gobierno central y Jon Hernández (Sumar) ha reclamado un debate sobre el modelo de la Seguridad Social.

Tan sólo PP y Vox se han descolgado del acuerdo parlamentario. Por los populares, Álvaro Gotxi ha denunciado que se pretenda «dar más competencias a quien no sabe gestionar las que ya tiene» y se ha mostrado contrario a «fragmentar la gestión del sistema de desempleo». Por parte de la formación de extrema derecha, Amaia Martínez ha defendido la necesidad de «preservar la unidad del sistema de la Seguridad Social».