El Parlamento vasco rechaza paralizar la polémica Ley de Administración Ambiental

Los PIPS son la principal novedad del proyecto de ley. En esencia, esta figura permite que iniciativas ambientales «de utilidad pública e interés social» para Euskadi queden blindadas ante el eventual rechazo de los ayuntamientos, que no podrán vetarlas. Se trata de evitar que las instituciones locales frenen la instalación de infraestructuras estratégicas, como parques eólicos, plantas de tratamiento de residuos o reciclaje... amparándose en la normativa urbanística municipal u otras estrategias a su alcance.

Y con ese marco ha llegado la votación de hoy, en la que la oposición pretendía paralizar la tramitación parlamentaria. En un clima que alienta la sensación de que PNV y EH Bildu inician una nueva etapa en sus relaciones, después de cerrar un acuerdo presupuestario inédito, la sesión de este jueves ha dejado de manifiesto que la brecha entre ambas formaciones sigue siendo abismal en ciertos aspectos. Y que la coalición abertzale seguirá con la oposición férrea que había mantenido hasta ahora.

Tanto Bildu como Elkarrekin Podemos-IU han denunciado, a través de un texto conjunto, «el menoscabo de la plena participación informada tanto de las Entidades Locales como de los grupos parlamentarios».

El más vehemente ha sido el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero. Ha denunciado que, con los PIPS, «se pretende dar patente de corso sobre el territorio a Lakua, en concreto, a Arantxa Tapia que, oportunamente, tiene Medio Ambiente en su macrocartera». «A partir de ahora -ha censurado-, Tapia propone, Lakua dispone y los Ayuntamientos se la comen». Ha cuestionado, asimismo, el propio concepto de interés social medioambiental, ya que «no está escrito en nnguna parte». «Va a ser lo que le parezca a la señora Arantxa Tapia», ha lanzado.

Lo que critican tanto la coalición abertzale como Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs, además del fondo de la norma, son las formas. Y es que PNV y PSE-EE presentaron más de 100 enmiendas a su propio texto. Y, entre ellas, una, la número 61, que es la que introduce las PIPS. «Con el abuso de la técnica de la enmienda parcial, se pretende crear una realidad jurídica nueva», ha criticado Otero. «La enmienda 61 podría ser una ley en sí misma, ya que cambia sustancialmente la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Suelo y Urbanismo, creando los PIPS de la nada», ha lanzado.

La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha recordado que el PGOU del Ayuntamiento de Vitoria detuvo el proyecto de pozos de gas en Subijana. Ahora, «el Gobierno vasco se ha sacado de la manga esta enmienda, para acabar con la posible resistencia de los municipios donde no se les permite imponer sus proyectos». «¿Cómo van a explicar a la ciudadanía vasca que las elecciones municipales no sirven para nada porque gane quien gane, los grandes proyectos los van a decidir desde Lakua?», ha preguntado.

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha defendido que es necesario «abrir un diálogo desde el Gobierno con Eudel para escuchar la opinión» de la Asociación de Municipios Vascos sobre los PIPS, antes de votar el proyecto de ley que ha calificado de «tramposo e indigno».

En el equipo de Gobierno lo que argumentan es que el ordenamiento jurídico actual no está preparado para combatir la emergencia climática y, por eso, tratan de tramitar este tipo de leyes de manera urgente. «Los proyectos para avanzar en sostenibilidad y los objetivos a corto plazo para la lucha contra el cambio climático no pueden esperar a los plazos que requieren los procedimientos de la normativa urbanística y del planeamiento territorial, ha dicho el socialista Alberto Alonso.

La jeltzale María Eugenia Arrizabalaga ha defendido que con la enmienda que contempla los PIPS su grupo y el PSE no pretenden «imponer nada, sino aplicar la mayoría democrática para intentar dar soluciones efectivas a las urgencias colosales que tiene esta parte de Euskadi». También ha negado que la enmienda 61 pretenda «desmontar la autonomía municipal», aunque sí ha reconocido que pretende modificar la Ley de Ordenación del Territorio.