El Parlamento vasco estrena móviles de última generación

La asignación, aprobada en mayo y avanzada ayer por la Ser, forma parte de un contrato integral del Legislativo para el servicio de telefonía fija y móvil y la conexión a internet para los próximos tres años. El paquete se dividió en cuatro lotes que en suma alcanzan los 420.000 euros. El grueso de ese montante irá a parar al servicio de telefonía móvil y adquisición de terminales, lo cual también incluye el mantenimiento de los dispositivos, las tarifas de voz y datos y seguros para casos de robo, hurto o accidente.

El contrato contempla que la compañía francesa entregue ahora 120 teléfonos y otros tantos dentro de dos años, cuando arranque la próxima legislatura. Esos futuros dispositivos no existen a día de hoy, ya que el documento estipula que deberán ser «las últimas evoluciones tecnológicas del mercado a día del inicio de la nueva legislatura, con características iguales o superiores a los modelos ofertados para este curso y sin coste superior». Los receptores, en todo caso, no están obligados a devolver el terminal antiguo, por lo que se lo pueden quedar, seguir utilizándolo o incluso cedérselo a otra persona, ajena o no a la actividad parlamentaria.

De los 120 móviles que fueron entregados en octubre de 2020, se han tenido que sustituir hasta ahora seis por pérdida o hurto y otros dos por averías. Además, hubo que tramitar cinco cambios por altas y bajas, ya fuera de parlamentarios o de asistentes. Según los datos publicados en las bases técnicas del pliego de contratación, esos teléfonos efectuaron a lo largo del año pasado un total de 111.763 llamadas salientes, lo que arroja una media de 2,55 por dispositivo y día. Casi dos centenares de ellas fueron para conectar con líneas 901 o 902, servicios de tarifa adicional. El uso de mensajes SMS es anecdótico, con sólo 106.

Además de los teléfonos móviles, esos 120 representantes también tienen otros tantos ordenadores portátiles en los que la Cámara invirtió 175.000 euros al comienzo de esta legislatura. En el caso de los aforados, estos bienes se suman a su sueldo -de 75.000 a 104.000 euros brutos anuales, según su cometido-, las dietas por desplazamiento -de 370 a 596 al mes en función del territorio histórico en el que vivan- y el pago del telepeaje. Además, tienen derecho a una «remuneración de transición» equivalente a 75 días de trabajo cuando finaliza la legislatura y pueden recibir cursos de euskera, inglés y francés.