El Parlamento vasco acelera para ratificar la ley de abusos policiales

La norma, que sigue la estela de un decreto del Gabinete socialista de Patxi López referido a los últimos años de la dictadura franquista, pretende resarcir a las víctimas de «vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política». Dado el periodo temporal que comprende, todos los casos habrán prescrito en el momento en que se analicen los testimonios. Se quiere evitar así interferir en la acción de la Justicia y no crear juicios paralelos. Sin embargo, la propuesta desató desde el comienzo las protestas de los cuerpos policiales, que consideran que contribuye a desacreditar su labor y a buscar culpables al margen de los tribunales.

Las suspicacias aún se ciernen principalmente sobre la comisión de valoración que se encargará de analizar los testimonios y la documentación que presenten las presuntas víctimas y, en su caso, declararlas como tal. El PP, el único grupo que se opone de forma frontal a la ley, argumenta que esa labor invade la jurisdicción penal. Por ello, los populares han presentado cinco enmiendas en las que, entre otras cuestiones, buscan que la acreditación no «desconozca o contravenga» las sentencias judiciales previas. La formación conservadora considera que los cambios introducidos son «insuficientes» y, de hecho, estudia interponer un nuevo recurso ante el Constitucional que, en todo caso, no supondría la suspensión cautelar de la norma.

Los otros dos grupos de la oposición también han propuesto correcciones al articulado suscrito entre los gobiernos vasco y central, aunque su enfoque es completamente distinto al del PP. Las reticencias de EH Bildu se centran precisamente en los cambios introducidos a raíz de ese pacto. «No podemos admitir que el Gobierno español y un Poder Judicial totalmente politizado limiten las competencias de este Parlamento», critican en su documento. Las enmiendas de Elkarrekin Podemos, por su parte, sí aceptan en líneas generales lo acordado con La Moncloa y proponen, entre otras cuestiones, sumar la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se celebra cada 26 de junio. La portavoz del grupo en la ponencia será Pili Zabala, cuyo hermano Joxi fue secuestrado, torturado y asesinado por los GAL.

Independientemente de lo que se acuerde sobre las enmiendas en la ponencia, ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos podrán reparos al documento final y si acaso se abstendrán. Ambas coaliciones coinciden en dar más pasos adelante en esta materia, pero ninguna parece dispuesta a asumir el coste de rechazar una norma legal para reconocer a víctimas de abusos policiales. Más aún en el caso del grupo abertzale, que siempre ha criticado la existencia de víctimas «de primera y de segunda». La ponencia constituida este miércoles se deberá reunir durante las próximas semanas para analizar las enmiendas y formalizar su dictamen, que pasará directamente al pleno. En caso de que reciba el visto bueno definitivo, entrará en vigor y el comité de expertos designado comenzará a estudiar los testimonios y la documentación.