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Secreto de Estado. El Congreso de los Diputados no quiere luz y taquígrafos sobre la tragedia de la valle de Melilla. Los diputados a los que la Mesa de la cámara baja ha autorizado a viajar de manera oficial al perímetro deberán guardar absoluto sigilo ... sobre lo que allí vean u oigan de los mandos policiales. No podrán revelar nada tampoco de las explicaciones que recaben sobre los hechos acaecidos la mañana del pasado 24 de junio cuando entre 23 y 72 subsaharianos, según las diferentes fuentes, perdieron la vida en el salto masivo del paso de Barrio Chino en Nador a cuenta de las avalanchas humanas y la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes.
El presidente de la Comisión de Interior, el exministro socialista José Luis Ábalos, ha remitido este jueves por la mañana una carta a todos los miembros de ese órgano en la que, además de anunciarles que el viaje al perímetro de la ciudad autónoma se desarrollará durante toda la jornada del próximo 7 de noviembre, les advierte que debido a las «características especiales» de esta visita y a las «razones de seguridad y reserva por tratarse de una frontera entre España y Marruecos y también de una frontera de la Unión Europea», se ha decidido aplicar el artículo 16 del reglamento del Congreso. Ese precepto fija que los diputados están «obligados» a «no divulgar las actuaciones» que «pueden tener excepcionalmente el carácter de secretas».
Pasados ya cuatro meses de la tragedia de Melilla, lo sucedido aquel viernes sigue siendo una incógnita. Aunque la Fiscalía y el Defensor del Pueblo han abierto sendas investigaciones todavía no se ha determinado cómo se produjeron las muertes y ni el número preciso de fallecidos.
La única información oficial por el momento es la del Defensor del Pueblo que determinó el pasado 14 de octubre que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska violó reiteradamente la ley con la «expulsión en caliente» de al menos 470 inmigrantes el 24 de junio en Melilla, de forma paralela al trágico salto. Esta cifra de deportados exprés que ofreció el Defensor casi quintuplica el número oficial reconocido Interior, que hasta entonces aseguraba que solo se había «rechazado en frontera» solo a 101 personas, exclusivamente las que quedaron atrapadas entre las dos vallas del perímetro.
La versión sobre esas deportaciones desde territorio nacional -han explicado fuentes parlamentarias- era la única información de enjundia que los diputados esperaban poder recabar y difundir tras esta visita ahora declarada «secreta» por el Congreso.
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