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Hasta 46 parlamentarios vascos de la anterior legislatura -27 de ellos vuelven a serlo en la que arranca hoy mismo- han recibido una retribución de ... 14.697 euros brutos durante los dos meses y medio en los que no han desempeñado actividad alguna en la Cámara autonómica, disuelta por las elecciones de abril. Todos ellos se han beneficiado de la llamada «remuneración de transición» entre mandatos, una paga prevista en el reglamento a la que tienen derecho todos los representantes salvo los 20 que se mantienen en la Diputación Permanente, los cuales siguen cobrando su nómina ordinaria.
En condiciones normales, los parlamentarios tienen un salario que va desde los 82.306 euros brutos anuales de un representante raso hasta los 113.836 de la presidenta del Legislativo. Pero, cuando la Cámara queda disuelta por la convocatoria de elecciones vascas, 55 de los 75 diputados -aquellos que no están en el órgano que actúa como retén- pierden tal condición, con todo lo que ello supone. Es ahí donde entra en juego esta retribución extraordinaria, cuya cuantía es la equivalente a 75 días de trabajo y se debe «solicitar expresamente».
En esta ocasión han sido 46 los parlamentarios que la han pedido: 19 del PNV, 15 de EH Bildu, 5 del PSE-EE, 3 de Elkarrekin Podemos-IU, 3 del PP y 1 de Ciudadanos. Al formalizar esa solicitud, los interesados declararon no estar percibiendo «ninguna otra remuneración pública o privada incompatible» con esta paga y se comprometieron a realizar la devolución correspondiente en el supuesto de que, una vez concedido el pago, comenzaran a percibir alguna de esas retribuciones que chocan frontalmente con la norma; por ejemplo, al asumir otro cargo público.
Este periódico ha podido confirmar la existencia de uno de esos casos. Se trata del exrepresentante del PP Carmelo Barrio, quien desde marzo es diputado en el Congreso tras la renuncia de Javier de Andrés para presentarse a las elecciones de abril. El veterano dirigente popular, quien llevaba en el Parlamento vasco de forma ininterrumpida desde 1990, explica en conversación con EL CORREO que percibió la remuneración de transición únicamente por los días comprendidos entre la disolución del Legislativo (el 27 de febrero) y su alta como diputado en Madrid (el 19 de marzo). A partir de entonces ya habría sido incompatible.
Al margen de este abono, quienes no repitan como parlamentarios en esta legislatura tendrán derecho a percibir una especie de paro durante un año. Se trata de una «prestación económica temporal» que equivale al 40% del salario con un máximo de doce pagas. Su duración es de tres meses por cada año desempeñado en la Cámara, por lo que quienes hayan permanecido todo el mandato podrían cobrarlo durante un año entero.
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