Un órgano controlado por el propio Gobierno dilucidará si las actuaciones fueron «éticas»

Este órgano, que vigila las actuaciones de todos los cargos públicos designados por el Gobierno vasco, está adscrito a un departamento del propio Ejecutivo autonómico; concretamente, el de Gobernanza Pública y Autogobierno. De hecho, su presidenta es la consejera de esa misma cartera, Olatz Garamendi; el secretario es su director de gabinete, Alberto Saiz; y uno de los tres vocales es el viceconsejero de Función Pública, José María Armentia.

De esta forma, tres de los cinco miembros que integran la comisión pertenecen a la propia estructura de Lakua. Los otros dos vocales son Elisa Pérez, catedrática de Derecho Internacional Privado en la UNED y exmagistrada del Tribunal Constitucional (a propuesta del PSOE), donde fue sustituida como ponente de la sentencia del Estatut al rechazarse sus borradores que avalaban la mayor parte de la norma; y Txetxu Ausín, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, donde dirige un grupo de Ética Aplicada.

Los informes que redacta esta comisión no son de obligado cumplimiento, simplemente «plantean recomendaciones». Este órgano, además, no adoptó ni un solo acuerdo en todo 2020 frente a la decena de dictámenes que ha venido emitiendo de media en cada uno de los siete ejercicios inmediatamente anteriores. Tampoco ha publicado hasta la fecha el informe anual de supervisión que sus integrantes tienen la obligación de redactar, según se recoge entre las funciones asignadas.