La oposición cuestiona la actuación del Gobierno vasco en el 'caso Margüello'

El también portavoz del Gabinete Urkullu ha dejado claro que su intervención se iba a ceñir en exclusiva al ámbito jurídico y que no iba a entrar en otro tipo de valoraciones vinculadas, por ejemplo, con las conclusiones de la comisión de investigación que se creó en su momento en la Cámara de Vitoria o en reflexiones que trascendieran el marco procesal. Erkoreka entiende que ese cometido corresponde a otros departamentos y que a él sólo le compete defender el buen hacer en el proceso del Servicio Jurídico Central, al que él también pertenece. En este sentido, ha explicado que los servicios jurídicos, pertenecientes a tres gobiernos diferentes, renunciaron a ejercer la acusación particular porque dos directores de épocas diferentes de la Oficina de Control Económico sostuvieron que de las investigaciones no se podía concluir que el 'caso Margüello' había perjudicado a las arcas públicas.

«Los criterios de los servicios jurídicos –ha subrayado– no se fijan en función de los impulsos políticos. No es una tertulia parlamentaria, ni un mitin ni una actuación teatral. Sólo se mueven por pruebas, certezas y evidencias, no por sospechas». Erkoreka ha afirmado que la existencia de irregularidades es una evidencia porque, según la resolución judicial, una persona –sólo mencionó el apellido Margüello cuando la comisión, de dos horas, estaba a punto de concluir– creó una sociedad mercantil para obtener contratos de la Administración para la que trabajaba. Pero ha añadido que, en ocasiones, las anomalías administrativas, con independencia de su gravedad, no tienen después relevancia en el campo penal. «La desestimación (de los servicios jurídicos) del Gobierno vasco no fue extravagante y caprichosa, sino ponderada», ha concluido.

Durante el debate, de guante blanco, Juan Luis Uria, de Podemos, ha resaltado que las interpretaciones sobre lo sucedido no deben quedarse en el plano técnico, sino que deben ir más allá y entrar en el terreno de la ética. Jone Goirizaleia, de EH Bildu, ha dicho no comprender desde el punto de vista jurídico el cambio de opinión del Ejecutivo autónomo en términos procesales, una modificación que también sorprendió al Partido Popular, como ha recordado su parlamentaria Laura Garrido. La socialista Alexia Castelo ha leído algún extracto de la sentencia del caso para expresar su rotundo rechazo a las prácticas corruptas, pero no ha entrado a valorar la actuación del Gobierno vasco, mientras que Kerman Orbegozo, del PNV, ha secundado las explicaciones de Erkoreka y ha realizado una defensa de la transparencia en política.