El Gobierno vasco admite que ignoró la petición de un ex alto cargo para fichar por una empresa

Aunque la ley establece un periodo de carencia de dos años para que antiguos altos cargos de la Administración no puedan «prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas, sociedades o cualquier otra entidad de naturaleza privada con las que hubieran tenido relación directa», existe un procedimiento extraordinario. Se trata de un permiso que debe otorgar el Departamento de Gobernanza Pública previo estudio de la compatibilidad. Dos exviceconsejeros y tres exdirectores han empleado esa vía en el presente mandato.

Es una posibilidad «regulada por ley», tal y como se ha esforzado por defender el portavoz gubernamental. Sin embargo, acto seguido Bingen Zupiria ha admitido que, en el caso de Arriola, no se siguió el procedimiento tasado porque no se emitió respuesta a su petición. La solicitud viene recogida en el portal de transparencia del propio Gobierno vasco, pero, a diferencia del resto de expedientes, no consta la fecha de la autorización. Sencillamente porque no la hubo. Aun así, el exdirector general de la SPRI se fue al de 24 horas a Eurocybcar, dedicada a la ciberseguridad para vehículos.

El portavoz del Gabinete Urkullu no ha dado explicaciones sobre el motivo por el que se ignoró la petición, pero se ha comprometido a que el Departamento de Gobernanza Pública, liderado por la consejera Olatz Garamendi, efectuará «el análisis correspondiente» para esclarecer lo ocurrido hace ahora dos años y medio. Zupiria ha eludido igualmente concretar las razones por las que la Dirección de Función Pública otorga o no el permiso para que ex altos cargos sean contratados por empresas privadas sin esperar los dos años preceptivos, aunque ha defendido la «independencia» del órgano para tomar dichas decisiones.

Comparecencia parlamentaria

También el PSE-EE ha insistido en descartar cualquier irregularidad. «Podrá gustar más o menos, pero está dentro de la ley. Si hay alguna irregularidad, invito a la Fiscalía a que lo investigue», ha expuesto el secretario general, Eneko Andueza. Sin embargo, la oposición ha encontrado en esta polémica un argumento para redoblar sus críticas. Josu Estarrona (EH Bildu) ha acusado al Ejecutivo autonómico de «dar un barniz a malas prácticas inherentes a una forma de hacer política para que se puedan seguir dando». De la misma forma, ha señalado a PNV y PSE-EE por haber «bloqueado» todas sus iniciativas parlamentarias contra las 'puertas giratorias'. Este miércoles presentará otra más.

Elkarrekin Podemos-IU ha registrado ya este martes una pregunta y una solicitud de información para que el Gobierno vasco explique las razones de las autorizaciones. La portavoz del grupo, Miren Gorrotxategi, ha lamentado el «continuo goteo de conflictos de intereses» y ha considerado «imprescindible extirpar estas prácticas» porque «una sociedad democrática no puede naturalizar el amiguismo y el acceso a las 'puertas giratorias'». Unas puertas que, según el parlamentario David Soto, el propio bipartito de Lakua se encarga de «engrasar saltándose su propia ley».

En la coalición PP+Cs, Laura Garrido ha instado al Gabinete Urkullu a dar «explicaciones inmediatas sobre la falta de transparencia» en este tipo de actuaciones. «El que debería dar ejemplo es el primero que permite que ex altos cargos se salten las reglas. Es inconcebible», ha afirmado la secretaria general de los populares vascos. Pero quien más allá ha ido por ahora es Vox, que ha registrado una solicitud para que la consejera Garamendi comparezca de urgencia ante el Parlamento vasco. «No es de recibo que se rechace informar de los detalles de las resoluciones. Así sólo se alimenta la desconfianza y los ciudadanos de este país ya tenemos sobradas razones para ello», ha apuntado Amaia Martínez.