Así ha cambiado la opinión del Gobierno sobre el 'plan B' al estado de alarma

Hace justo un año, Carmen Calvo advirtió de que esta reforma requiere de un «consenso» entre las distintas fuerzas políticas «que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas permitan reaccionar a las emergencias». «Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos», incidió.

Mañana, un año después, el Gobierno busca zafarse de la enorme presión de partidos (incluidos sus socios parlamentarios) y gobiernos autonómicos por su inacción legislativa. Ni 'plan A', ni 'plan B', ni 'plan C'. «El estado de alarma es el pasado. El futuro es vacunación, vacunación y vacunación», zanjó el martes Sánchez. El nuevo mantra diseñado por Moncloa insiste en remarcar que con la legislación ordinaria vigente, las comunidades autónomas tienen margen suficiente para combatir la pandemia. Ya no hay «urgencia» para impulsar nuevas reformas ni se necesitan «darnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos».

El fin del estado de alarma, consumado el pasado día 9, está generando un enorme desgaste en el Gobierno hostigado por las duras críticas de aliados y enemigos. Sánchez se ha quedado solo en su empecinamiento en acabar de forma abrupta con un estado de excepcionalidad legal que era la única red de seguridad para las comunidades autónomas, como se han empeñado en advertir por activa y por pasiva los propios tribunales de justicia.

Lejos de dar luz a la incomparecencia del Ejecutivo y del Legislativo, el Poder Judicial ha colaborado en el embrollo jurídico emitiendo fallos contradictorios en función de la comunidad autónoma donde se emitan. Lo único que ha hecho el Gobierno es habilitar al Supremo para que «unifique» el criterio de los tribunales superiores cuando los gobiernos regionales recurran ante él en casación.

«El Supremo debe ayudar», llegó a asegurar Carmen Calvo. ¿Cómo? No entró en detalles, pero si lo que quería sugerir es que avalen restricciones de derechos fundamentales como los toques de queda o los confinamientos perimetrales en base a la ley ordinaria, todos los juristas advierten de que el alto tribunal dará un 'no' rotundo. Es por ello que el Gobierno de Canarias haya desestimado recurrir su toque de queda ante el alto tribunal, como ellos mismos han confesado.

¿Y cuál es 'plan B' en el que pensó en su día el Gobierno que ahora ha impulsado el PP con el apoyo de socios del PSOE como el PNV, ERC o Compromís? Reformar la la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para adecuarla a la nueva realidad pandémica. El problema es que Pedro Sánchez no está muy por la labor. Todo lo contrario.