Olatz Garamendi, una experta negociadora para culminar las transferencias pendientes

El suyo es el nombre menos conocido de los consejeros que compondrán el nuevo Gobierno vasco. Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Garamendi es funcionaria de carrera del cuerpo superior de abogados de la Administración General de la CAPV y fue la responsable de la asesoría jurídica del Ejecutivo autónomo entre 2006 y 2009. Año este último en el que pasó a ocupar la vicegerencia de Infraestructuras y Contratación de la Universidad del País Vasco.

Su entrada en puestos de mayor relevancia política no se produjo hasta 2012. Fue entonces cuando se convirtió en la 'número dos' de la consejera de Educación saliente, Cristina Uriarte. Como viceconsejera de Administración y Servicios del departamento, demostró capacidad negociadora y cintura política. Y es que le tocó lidiar con dos de los conflictos más importantes que han azotado a la consejería de Educación a lo largo de las últimas legislaturas: las huelgas de la red pública y de la concertada. «Sensata y con talante para el diálogo», la decriben, ha sido Garamendi la representante del Gobierno vasco en las mesas de negociación con los sindicatos. «Es la que ha dado la cara y la que batallaba en nombre del departamento», destacan. Y la que consiguió, cediendo a gran parte de las reclamaciones sindicales, poner fin a ambos conflictos.

Su nombramiento se entiende, en parte, como un premio por su gestión de las huelgas en el sector educativo. Pero lo cierto es que dicha capacidad negociadora y su perfil técnico le vendrán como anillo al dedo en su nuevo cometido. Olatz Garamendi será a partir de ahora quien aborde con el Ejecutivo central el cumplimiento del Estatuto, con el traspaso de las transferencias pendientes. Las tres últimas se materializaron el pasado mes de julio.

Si bien el compromiso político entre ambas administraciones se rubricó en 2017, son muchas las asignaturas pendientes, más si cabe después de que la crisis derivada del coronavirus ralentizara el calendario. Una de las cuestiones de mayor calado será el estudio que está previsto se inicie el próximo año para el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. También está en el aire la siempre polémica competencia sobre los centros penitenciarios.