Obstruccionismo lamentable

Esta interinidad provocada por intereses exclusivamente partidistas y sectarios contraviene el espíritu de la norma constitucional así como del artículo 568 de la ley orgánica y convierte al CGPJ en una institución carente de la más mínima 'auctoritas', proyectando a la ciudadanía la imagen, nada ficticia, de un órgano colonizado por las formaciones políticas. Es cierto que en España el CGPJ, casi desde su inicio, ha sido una institución polémica, sobre todo por el sistema de designación de los vocales correspondiente al turno de la carrera judicial. Es cierto que en ese proceso de fagocitación o instrumentalización el PSOE y el PP descubrieron, como formaciones imprescindibles para la renovación de los vocales, que no solo estaban obligados a pactar, lo cual es de sentido común, sino que también podían condicionar la llamada 'independencia del poder judicial' designando candidatos que velaran por sus intereses siempre que fuera necesario, aunque ello perjudicara la imagen de independencia y la credibilidad de la institución.

Pero lo que está sucediendo desde diciembre de 2018 con la renovación de esta institución es esperpéntico, alejado de toda conducta convencional. La actitud obstruccionista del PP de Casado resulta lamentable desde un punto de vista constitucional o sencillamente democrático. Las razones expuestas en estos más de 32 meses para resistirse a suscribir un acuerdo con el PSOE han sido cambiantes, incongruentes e infundadas desde un punto de vista jurídico y político. La verdadera razón, nunca expuesta, pero que se esconde vigente y vigorosa, es que a los populares no les interesa, como formación que puede tener problemas con ciertas causas penales, facilitar esa renovación durante esta legislatura bajo el liderazgo de Sánchez, ni tampoco la de los miembros del TC, a la espera de tiempos mejores, sobre todo electoralmente. Es decir, entre el mandato constitucional y los intereses de partido, Pablo Casado ha optado por lo segundo. Porque efectivamente, cuando los constituyentes establecieron la mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras para la designación de los vocales quisieron expresar con ello la idea inequívoca de que la composición del CGPJ debe ser resultado de un gran consenso, derivándose de tal ideal para las formaciones parlamentarias la obligación constitucional de contribuir al mismo, huyendo de toda tentación obstruccionista. Ese es el mandato que se está incumpliendo, a mi juicio con enorme frivolidad.