Obligan al Gobierno vasco a condecorar a un ertzaina que sufrió un acto de kale borroka

Los hechos se remontan al 27 de agosto de 1994, cuando una patrulla de la comisaría de Rentería recibió el aviso de que una treintena de encapuchados había detenido un autobús de línea para prenderle fuego. A su llegada, los radicales les arrojaron piedras y un cóctel molotov cuya explosión les obligó a salir del coche. Envueltos en llamas, trataron de huir mientras los agresores les seguían apedreando. El ertzaina en cuestión, de 27 años, incluso se arrojó al río Oiartzun, mientras que el otro encontró refugio en una fábrica cercana.

Trasladado al hospital en estado grave, le diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en el 25% de la superficie corporal. El entonces consejero de Interior, Juan Mari Atutxa, que acudió a verle, pidió condenas «justas y ejemplarizantes» para los agresores, pero lo cierto es que hasta la fecha no se ha dictado sentencia alguna al respecto. Tres años después, la Diputación Foral de Bizkaia, territorio donde vive, le concedió una minusvalía del 33% y, en 2013, recibió el reconocimiento civil como víctima de terrorismo por parte del Rey.

Hace casi dos años, en octubre de 2019, solicitó ante la Dirección de Recursos Humanos de la Ertzaintza la concesión de la medalla en una modalidad que lleva aparejada una pensión del 20% del sueldo que percibía en el momento del atentado. En cambio, en junio de 2020, una resolución firmada por la entonces titular de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, rechazó la petición. Se escudaba, entre otras cuestiones, en que el decreto que aducía el demandante ya había sido derogado y le negaba su aplicación retroactiva.

Ahora el juzgado de Vitoria, en cambio, interpreta que aun así «los hechos se produjeron bajo su vigencia» y que, además, la Ley de Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo obliga a «asegurar la reparación efectiva» con «mecanismos de flexibilización» para poder obtener indemnizaciones. «La sentencia acaba con años de ignominia y oscurantismo, y se reconoce el valor y sacrificio de un policía que no dudó en poner en peligro su vida para socorrer a sus conciudadanos», asegura su abogado, Antonio Suárez-Valdés. El fallo, dictado el pasado miércoles, se puede recurrir durante un plazo de quince días.