Los obispos viajan al Vaticano en plena 'sacudida Celaá'

El compromiso de rendir cuentas se conoce como 'visita ad liminan apostolorum', cuyos orígenes históricos se remontan hasta el siglo IV. Literalmente, se refiere a la peregrinación para venerar las sepulturas de los apóstoles (san Pedro y san Pablo), pero se complementa con visitas a los dicasterios vaticanos y a la Secretaría de Estado, que previamente han recibido los voluminosos informes, setenta, que las diócesis han preparado. También incluye un encuentro con el Papa, que les dirigirá un discurso que habrá que mirar con lupa. El viaje se había retrasado por la pandemia.

Los obispos vascos serán de los primeros en ser recibidos, una audiencia que está prevista para el jueves. Sin embargo, asisten encuadrados en provincias eclesiásticas distintas: Bilbao y Vitoria, en la de Burgos, y San Sebastián, en la de Pamplona. La división se mantiene desde 1949 por una decisión política del Vaticano, presionado por el régimen franquista para disminuir la influencia de lo que entonces era la potente provincia de Vitoria. Para el obispo bilbaíno Joseba Segura, que acude junto a Mario Iceta, se trata de su primera visita 'oficial'. José Ignacio Munilla se presenta como obispo 'in pectore' de Orihuela-Alicante, tras la decisión de la Santa Sede de sacarle de San Sebastián.

La agenda de los obispos españoles se ha visto alterada por el anuncio de que Isabel Celaá será la nueva embajadora ante la Santa Sede, asunto sobre el que la cúpula episcopal no se ha pronunciado de manera oficial. Sí ha trascendido que no ha sentado bien que se filtrara el nombramiento sin tener el visto bueno del Vaticano, como si fuera una especie de 'trágala', una maniobra para dificultar un hipotético 'no' de la Santa Sede. Les ha sentado mal, pero no van a poner pegas. No se esperan vetos a la propuesta.

El presidente del Gobierno sí tiene que medir muy bien la iniciativa para no etiquetar la imagen de Celaá, que será acogida con alguna prevención. Algunos han desempolvado el precedente de la decisión de Felipe González, en 1985, de nombrar embajador a Gonzalo Puente Ojea, agnóstico y ateo y referente del laicismo, que fue marginado por divorciarse y volverse a casar por lo civil. La jerarquía católica protagonizó una campaña contra él, que acabó con su reputación. Aislado en el palacio de Monaldeschi (sede de la legación diplomática), su función carecía de sentido hasta que fue cesado por Francisco Fernández Ordóñez, entonces ministro de Asuntos Exteriores. Fue un empeño de González para reafirmar la autonomía del poder civil y parlamentario frente al eclesiástico.

No es el caso de Isabel Celaá, católica practicante, educada en un colegio religioso de Bilbao y formada en la Universidad de Deusto, de la Compañía de Jesús. Pero la negociación de la ley que lleva su nombre ha dejado heridas. Distintos colectivos educativos han iniciado una 'guerra' contra la decisión, al considerar que supone «una provocación» de Pedro Sánchez a la Iglesia al tratarse de una figura incómoda para un sector del catolicismo.

Su imagen ante la mayoría de los obispos es más benévola y descargada de tensiones. Gobierno y Episcopado mantienen abiertos los canales de comunicación para desarrollar el currículo de Religión, gracias a la labor de los equipos técnicos de ambas partes, capitaneados por Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, y la teresiana Raquel Pérez Sanjuan, directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación, un órgano que preside el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobrino carnal del cardenal Rouco Varela. Fue Celaá quien fichó a la religiosa como consejera titular del Consejo Escolar de Estado. Un guiño que ahora juega a su favor.