Nuevo estatus de Euskadi: la única discrepancia pactada entre los socios

Más allá de las mil iniciativas concretadas en las 125 páginas de su pacto de gobierno, ambas formaciones solo evidencian una discrepancia pactada: el tema del autogobierno. El desarrollo de un nuevo estatuto es el punto que más fricción puede crear, sobre todo, al inicio de la legislatura. De todos modos, ambos marcan las reglas de juego claramente. Hacen suyos los acuerdos entre Pedro Sánchez y el PNV en Madrid; abogan por el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas vascas; avalan todo el trabajo 'ad hoc' realizado en las pasadas legislaturas y recuerdan que «cualquier iniciativa legislativa debe contar con la mayoría absoluta del Parlamento vasco y, con posterioridad, ser remitida a las Cortes Generales para su tramitación conforme a los cauces legales establecidos y, en su caso, ser sometida a decisión de la ciudadanía para que lo ratifique en referéndum».

Ambos partidos ensalzan y ratifican su «compromiso claro con el principio de estabilidad institucional y el desarrollo estatutario» que seguirán defendiendo «desde la lealtad». Tras reiterar su voluntad de lograr con la mayor celeridad posible las transferencias ya pactadas del Estatuto de Gernika que no lograron ser culminadas en la pasada legislatura, ambas formaciones también defienden que el nuevo Ejecutivo autonómico «impulsará la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones vascas en las instituciones de la Unión».

Durante su discurso, Imanol Pradales aseguró que es la «hora de ser valientes y de dar el paso». «Ha llegado el momento de consensuar un gran Pacto Político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1979. Favoreceré y defenderé el diálogo, la negociación y el consenso para hacerlo posible», ha zanjado.

En este sentido, apostó por «asentar una relación bilateral con el Estado» que «incluya el reconocimiento de nuestra realidad nacional, la singularidad de nuestro autogobierno, así como un sistema de garantías para el cumplimiento efectivo de lo acordado». En este sentido, defendió «contar con nuevas competencias que nos ayuden a crecer como país».