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La guerra total entre el fiscal general del Estado y el novio de Isabel Díaz Ayuso desatada en los tribunales ha escalado más allá de la batalla judicial, llegando a bordear los descalificativos. Solo horas después de que Álvaro García Ortiz en su declaración ante ... el Supremo acusara a la pareja de la presidenta de ocultar «hechos relevantes para la investigación» o que afeara a Alberto González Amador que no haya desmentido «las falsedades que se estaban difundiendo en su nombre», en referencia a que era la Fiscalía la que había propuesto primero un pacto y que luego éste había sido vetado, la defensa del empresario registró un recurso cargado de duras acusaciones contra García Ortiz.
En respuesta a la frase lapidaria –«la mentira nunca puede ser un secreto»- que el fiscal general dedicó en el alto tribunal a González Amador y a su entorno, la defensa del empresario, en el escrito en el que se oponía a la pretensión del máximo responsable de la acusación pública de no ser interrogado como imputado, asegura que «se puede afirmar sin ápice de error que Álvaro García Ortiz ha abandonado la misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad hasta convertirse en el mayor enemigo de la función jurisdiccional (impartir justicia) del órgano al que nos dirigimos (el Supremo)».
Según González Amador, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha confirmado que el fiscal general no ha dudado en «tratar de boicotear» el trabajo del Supremo, tanto de forma «procesal» como «extraprocesal», haciendo «uso de las prerrogativa del cargo que aún conserva».
Gracias a la UCO, sostiene la defensa de la pareja de Ayuso, «a día de hoy sabemos que Álvaro García Ortiz , ejerciendo como fiscal general del Estado, ha procedido a hacer uso de la administración y de sus funcionarios públicos para tratar de evitar, con todo lo que ha estado en su mano, que el órgano al que nos dirigimos (el Supremo) conozca la verdad de los hechos protagonizados por él y por las personas que actuaron en connivencia con él mismo» en la revelación de secretos, difundiendo el mail del letrado del empresario de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente.
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González Amador recuerda que el fiscal imputado «procedió a deshacerse del teléfono móvil que con la información y comunicaciones de los hechos que nos ocupan por él protagonizados» después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hiciera pública su decisión de asumir la competencia para investigar al aforado.
«Ese dispositivo (y la información -datos- a él asociada, que no fue incorporada al que le sustituyó) hubiera permitido el descubrimiento de la verdad de lo sucedido», recuerda la defensa del empresario. «En su lugar y haciendo uso de recursos y prerrogativas públicas, el señor García busca alejar con todos esos medios públicos al Tribunal Supremo del descubrimiento de la verdad», denuncia el escrito.
«¿Por qué no aporta el Álvaro García ese dispositivo móvil y termina de una vez, a través de la verdad, con cualquier recurso o discusión?», se pregunta la defensa de González Amador, que acto seguido se contesta a su propia pregunta. «La respuesta es evidente: porque la información de dicho dispositivo no haría sino reflejar las delictivas conductas por él protagonizadas y que ya se conocen con un nivel de detalle abrumador».
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