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Pedro Sánchez tiene ya garantizada su reelección al contar con el apoyo de 179 de los 350 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta. A PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6) y BNG (1) se han sumado finalmente este viernes el PNV (5) y Coalición Canaria (1). La formación jeltzale contribuirá a la investidura la próxima semana –el debate se celebrará el miércoles 15 y el jueves 16– a cambio de compromisos sobre transferencias a Euskadi, un marco vasco de relaciones laborales y un impulso millonario al euskera. Éstas son las claves del acuerdo que ha firmado el presidente del Gobierno en funciones con el líder nacionalista, Andoni Ortuzar, por segunda legislatura consecutiva:
Los dos firmantes comparten que el reconocimiento nacional de Euskadi es «una aspiración de una mayoría de la sociedad vasca». Partiendo de esa premisa, se comprometen a «negociar de buena fe y sacar adelante un acuerdo», tanto en las instituciones vascas como en el Congreso, que deberá ser ratificado luego por el pueblo vasco. Los ámbitos de negociación de ese nuevo estatus serán, además del propio reconocimiento de la nación, «la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad». Ambas partes se dan un «plazo orientativo» de año y medio para sellar ese pacto y, mientras tanto, crean una comisión bilateral.
Mientras se habla del autogobierno futuro, el acuerdo PSOE-PNV obliga a culminar el autogobierno presente «en el plazo improrrogable de dos años». Esto obliga a transferir las competencias pendientes desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979; la más polémica, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Hay tres traspasos que se completarán en un plazo de tres meses: Cercanías, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros, e Inmigración. Para todo esto se constituye otra comisión bilateral que se reunirá cada seis meses de forma presencial con la presencia del presidente del Gobierno y el lehendakari.
Usansolo podrá culminar, ahora sí, su proceso de independencia respecto a Galdakao. La Abogacía del Estado lo había recurrido porque la Ley de Bases de Régimen Local establece un número mínimo de 5.000 habitantes para constituir un nuevo ayuntamiento, una cifra superior a los poco más de 4.500 vecinos que viven en este lugar de Bizkaia. El acuerdo de PSOE y PNV recoge que esa norma se modificará «en el plazo de seis meses» para rebajar esa barrera «excepcionalmente» hasta los 4.000, de manera que Usansolo podrá ser oficialmente el municipio 113 de Bizkaia.
El Gobierno vasco lleva muchos años quejándose de que no tiene capacidad para establecer las tasas de reposición en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y eso hace que no pueda sacar todas las plazas que cree necesarias para servicios como Osakidetza. Ahora el PNV logra, mediante una disposición en los Presupuestos Generales del Estado, que esas tasas se puedan consensuar en la Comisión Mixta del Concierto Económico, el órgano que reúne al Gobierno central y a las instituciones vascas. Allí se hablará igualmente de los incrementos salariales a los funcionarios, que hasta ahora se decidían unilateralmente por el Estado.
Hace casi dos años, el PNV votó en contra de la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz porque la norma, pactada con los agentes sociales, no establecía la prioridad de los convenios autonómicos frente a los estatales. Esto tenía un importante impacto en Euskadi, donde esos acuerdos suelen recoger mejores condiciones, especialmente en lo relativo a los salarios. Ahora los jeltzales consiguen incorporar esa prelación, ya que el PSOE se compromete a modificar «en el plazo de seis meses» dos apartados de un artículo del Estatuto de los Trabajadores para establecer esa nueva jerarquía.
En plena denuncia de la «ofensiva judicial» contra el euskera por la sucesión de sentencias que han cuestionado el proceso de normalización lingüística, el PNV arranca una partida millonaria para la lengua vasca. En concreto, el Gobierno aportará una financiación de 100 millones de euros a las instituciones vascas «para la adaptación del euskera a la nueva era digital». Los jeltzales habían criticado en los últimos tiempos que el PERTE de la Lengua, con fondos europeos, sólo destinaba 2 de los 600 millones al euskera.
El PNV hace valer la condición de la Ertzaintza como «Policía integral» para que asuma «la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida», hasta ahora en manos de la Guardia Civil. También se atribuye al cuerpo autonómico la investigación de delitos medioambientales, un ámbito en el que la Justicia e incluso los propios denunciantes de los presuntos ilícitos han priorizado el trabajo del Seprona, unidad de la Guardia Civil.
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