El muro legal del independentismo

El secesionismo radical ha encontrado en él un duro adversario alejado de la disciplina política. Como máximo responsable de los servicios jurídicos del Legislativo catalán, representa el último dique de contención a las aspiraciones soberanistas que bordean la ley. Su última decisión, la de no publicar en el Boletín Oficial parte de las polémicas resoluciones aprobadas contra la Monarquía, le ha valido para volver a estar en el punto de mira. Pero esta no es la primera ocasión en la que consigue detener una embestida independentista con la norma en la mano.

Muro llegó a la secretaría general del Parlament en noviembre de 2016, cuando el anterior responsable, Pere Sol, renunció al cargo. Adujo «motivos personales y familiares» para marcharse justo después de ser advertido por el Tribunal Constitucional acerca de una posible desobediencia. Su sustituto no era un desconocido. Para entonces ya llevaba 24 años moviéndose por los pasillos de la Cámara, los últimos 16 como director de Gobierno Interior. La entonces presidenta, Carme Forcadell, enmarcó el relevo en la más «estricta normalidad».

Nacido en Sabadell, uno de los fortines socialistas en el cinturón rojo de Barcelona, Muro es constitucionalista en el sentido estricto del término. Se licenció en Derecho y Filosofía para luego impartir Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra durante dos décadas. Ese profundo conocimiento de la Carta Magna y del entramado institucional no solo lo ha demostrado en las aulas, sino también en su labor en el Parlament. El letrado entiende como nadie los riesgos personales que implicaría zambullirse en la maquinaria del 'procés'.

En 2017, un mes antes del referéndum ilegal del 1-O, apercibió a Junts pel Sí −la coalición de CDC y ERC liderada por Carles Puigdemont− y CUP cuando sacaron adelante las llamadas leyes de desconexión. Su oposición fue tal que se negó a publicar dichas normas en el Diario Oficial y dio orden a todos los letrados de la Cámara para que hicieran lo propio. Forcadell, que acabó condenada, desoyó sus advertencias y pasó por encima de sus competencias al autorizar ella misma el trámite. Por aquel entonces el soberanismo estaba dispuesto a todo.

Tres años después, Muro sigue en las mismas pero el secesionismo ha bajado de revoluciones. Solo la rama posconvergente mantiene la presión sobre él. Quim Torra se la tiene jurada desde que ordenó retirarle el escaño, en cumplimiento de la decisión de la Junta Electoral. Desde entonces el presidente de la Generalitat ha maniobrado para cesarle, pero se ha topado de pronto con la oposición de sus socios de Esquerra. La relación entre JxCat y ERC ha llegado a tal frialdad que hasta un funcionario es capaz de congelar el 'procés'.