Montero pide perdón por relegar la presunción de inocencia tras abrir una crisis con los jueces

Montero insistió en tildar de «retroceso» el auto que revoca la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona al futbolista Dani Alves. Pero añadió – antes de participar en un acto en la Diputación de Sevilla– que si de aquella polémica frase se había entendido que arremetía contra un «pilar básico» de toda democracia, no tiene problema alguno en retirarlo. «No soy jurista», se escudó. E insistió en su tesis de fondo: «Desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas».

Antes de su rectificación, la ministra portavoz, Pilar Alegría, había obviado el malestar expresado de manera transversal en el ámbito judicial y había argumentado que lo único que había hecho Montero era expresar «el mismo desconcierto que sintió una gran parte de la sociedad al conocer una sentencia tan radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año». «Es lógico y evidente el respeto de este Gobierno a las sentencias judiciales, pero tampoco es antagónico a ese respeto a opinar sobre las mismas», añadió.

El Consejo General del Poder Judicial se sumó ayer al coro de voces judiciales contra lo dicho por Montero. Sus vocales, progresistas y conservadores, no pusieron peros a que se manifieste disconformidad con cualquier decisión judicial, pero advirtieron de que la «responsabilidad» de los representantes políticos es hacer compatible sus críticas con «la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones». Y recordó que la revisión de lo resuelto por tribunales inferiores por parte de los superiores forma parte de la «normalidad del Estado de derecho». «El sistema de recursos se establece – subrayaron– para buscar el acierto de la decisión última».

Montero ya trató de matizar tanto el domingo como el lunes sus palabras. Pero no hubo petición de disculpas ni rectificación como tal y en Moncloa defendían que no debía haberlas porque sería «barrer para casa de la ultraderecha». «No creemos que dijera lo que se ha interpretado que dijo», replicaban. Ni siquiera el ministro del Interior y juez de carrera, Fernando Grande-Marlaska, se mostró en este caso particularmente empático con las advertencias realizadas desde el mundo de la Magistratura. En una comparecencia junto a Alegría, tras el Consejo de Ministros, navegó entre dos aguas, pero evitando censurar a Montero. «Ella ya ha matizado sus declaraciones y, por lo tanto, no debemos prolongar discusiones en este sentido», dijo. E incluso puso deberes a sus antiguos compañeros de toga.

«En cuestiones que suponen una lacra social tan importante como es la violencia contra las mujeres o como todas las violencias de carácter sexual, no solo las autoridades que formamos parte del Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y también el Poder Judicial debemos explicar muy bien en nuestras manifestaciones y en nuestras resoluciones por qué se llega a determinadas conclusiones con una finalidad muy concreta: que las víctimas de esta lacra no se sientan desprotegidas, que no pierdan la confianza en las instituciones», reclamó.

El PP, por su parte, puso en duda que la intervención de la vicepresidenta primera el sábado en el congreso del PSOE de Jaén no estuviera perfectamente medida y la enmarcó en una campaña diseñada por el propio Sánchez para «deslegitimar el Poder Judicial» y «y desacreditar la independencia de los jueces españoles» frente a los casos de corrupción que salpican tanto a su entorno político como personal. «Estamos en un Estado de derecho y los jueces tienen que actuar. Dejemos que se actúen. Hay posibilidades de apelaciones y hay posibilidades de recursos. Esta – defendió Alberto Núñez Feijóo en un acto en Murcia– es la grandeza del Estado de Derecho».

Quien sí compartía las declaraciones de Montero, en cambio, es Podemos. Pero tampoco respaldó a la dirigente socialista y la acusó de no haber hecho nada frente a la «ofensiva» para «machacar» la ley del 'solo sí es sí'. Su portavoz adjunto, Javier Sánchez Serna, tildó la sentencia del TSJC de «asquerosa» y, pese a que el tribunal estaba compuesto por tres magistradas, dos de ellas progresistas y una, como el cuarto juez, especializada en violencia contra la mujer, afirmó que es la prueba de que existen «machistas con toga».