Montero y Díaz evitan agravar la precariedad del Gobierno con un acuerdo 'in extremis'

Si, como se pretende, el pacto sellado por las dos fuerzas de la coalición gubernamental logra el respaldo de la Cámara baja –algo difícil de garantizar en los tiempos que corren–, ningún trabajador que viva del sueldo regulado por el Ejecutivo verá reducidos sus ingresos por la contribución a Hacienda. La solución alcanzada no colma la que planteaba la formación de Díaz en su propuesta, finalmente retirada, ni las que defendían Podemos y el PP en sendos textos vetados por el Ejecutivo y bloqueados este viernes mismo en la Mesa del Congreso con los votos del PSOE y Sumar. No volverá a elevarse, como se hizo en años previos en paralelo a las subidas del SMI, el mínimo exento de tributación. Se trata de una medida más quirúrgica.

Montero rechazaba llegar tan lejos como pretendía su socio por el impacto que tendría para las arcas públicas; según sus cálculos, entre 1.700 y 2.000 millones de euros. Y, después de más de un mes sin moverse un ápice de sus posiciones, tras una sonora disputa que llegó preocupar en las filas socialistas en febrero, esperó a que Díaz llamara a su puerta (lo hizo, según desveló la propia dirigente de Sumar el lunes por la tarde) para poner una oferta en la mesa, la que finalmente ha prosperado.

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Habrá así una deducción específica para aquellos perceptores del SMI que no se beneficiaran ya de otras rebajas, fundamentalmente los solteros sin cargas familiares, que eran, en la práctica los únicos que estaban ya pagando IRPF; un 20% del total, en torno a medio millón de personas.

El coste para el Estado será de 200 millones, según la vicepresidenta primera. Ahora bien, para poder ser compensados, los agraciados con la medida tendrán que presentar la declaración de la renta. Y, frente a lo que Sumar pretendía, esta será la última vez que el Gobierno deje fuera de tributación el salario mínimo; algo que Díaz acepta, según dijo, siempre que se cumpla el compromiso de seguir subiéndolo para situarlo en el 60% del salario medio. Este 2025, tras incrementarlo un 61% de 2018 a esta parte, el SMI asciende a 1.184 euros brutos en 14 pagas. Según el INE, el salario medio bruto español está en 2.128,4 euros al mes.

A la postre, las dos partes ceden tanto para preservar al Ejecutivo, ya muy baqueteado por otras desavenencias –Sumar y el PSOE se han dividido ya en el 25% de las votaciones en lo que va de legislatura–, como por interés propio. La vicepresidenta segunda llega a la asamblea de relanzamiento que celebra Sumar este fin de semana con una medalla en el cuello y sin haber llegado a hacer uso del recurso extremo, con el que llegó a amagar, de hacer pinza con el PP. Pero el pulso ha sido mucho más duro de lo que calculó inicialmente. Montero se ha mostrado una rival correosa capaz de resistir casi hasta el final el vértigo que llegó a apoderarse de otros dirigentes del PSOE a no ser entendidos por sus votantes. Y Sánchez, si hay que hacer caso a ambas, se ha mantenido esta vez al margen.

Después de que el presidente dirimiera a favor de la ministra de Trabajo la batalla con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, por las condiciones de la reducción de la jornada laboral, en el ala socialista del Ejecutivo había un cierto malestar con las formas de Díaz. Algún miembro del Gobierno relata incluso un tenso Consejo de Ministros, el pasado 4 de febrero y con Sánchez ausente, en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, la reprobó por su tono. Díaz venía de decir aquello de que la posición de Cuerpo era «casi de mala persona».

Este viernes, en una entrevista a las    8:45 horas en Telecinco, la vicepresidenta segunda también cargó con dureza contra Montero.    «El aroma que rezuma es que a ella le parece que el salario mínimo es muy elevado», dijo. Apenas hora y media después, sin embargo, se sellaba la paz sobre una propuesta que Hacienda había planteado el martes, y Díaz se felicitaba de haber situado a España «en la vanguardia de las políticas sociales de Europa». «Ella es así...», dicen sus socios.

En el PSOE aseguran que siempre confiaron en una solución. Pero es cierto que la posición de su vicesecretaria general no siempre se ha entendido y algunas voces le reprocharon en febrero no haber llegado antes a algún acuerdo como el alcanzado este viernes para evitar la bronca pública. «Esta –vaticinaban incluso en la dirección- nos la acabaremos tragando».