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Desde el verano, el Gobierno vasco ha incrementado la financiación de los conciertos educativos, ha facilitado el acceso a los mismos disminuyendo las ratios mínimas y máximas, y ha anunciado la extensión de la concertación a las aulas de dos años. Lo ha priorizado previamente ... a corregir las «disfunciones» a juicio de unos, o las desigualdades, injusticias y descontrol del sistema, en opinión de los más rigurosos, lo que era precisamente uno de principales objetivos del acuerdo educativo suscrito por cuatro grupos parlamentarios en abril. Y ahí surge el problema, cuando la hoja de ruta que sigue el Ejecutivo se separa tan claramente de la del pacto alcanzado en el Legislativo.
La enseñanza privada, con la que el Departamento de Educación ha mantenido una interlocución específica e intensa durante estos dos últimos años, ha podido comprobar que los compromisos anunciados en sus encuentros bilaterales se concretan. Pero la enseñanza pública, a la que el consejero Bildarratz no ha tratado con igual mimo, ve que estos pasos previos la aíslan más aún en sus dificultades, y que la ley vigente que la regula y, en buena medida, la protege, decaerá sin que, de momento, el nuevo proyecto presagie mejoras. Lo suyo se sigue conjugando en futuro hipotético.
En ese contexto, la organización Save the Children recordó ayer, en la jornada organizada junto con la plataforma vasca contra la segregación educativa Zubiak Eraikiz, uno de nuestros problemas fundamentales: la falta de equidad del sistema. Y demandó una correcta identificación del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Según sus datos, Euskadi muestra el mayor nivel de segregación escolar por origen migrante de toda España y la segunda segregación socioeconómica más elevada, después de Madrid, y en aumento desde 2012, a diferencia de otras comunidades autónomas.
Para resolver tal falta de equidad que lastra nuestros resultados, Save the Children y Zubiak Eraikiz proponen un amplio abanico de medidas. Emplazan a abandonar la ambigüedad en la lucha contra la segregación escolar, incorporando de forma explícita en la futura ley los mecanismos de acceso y admisión para una escolarización equilibrada, requisitos concretos y verificables para acceder a mayor financiación pública, y mecanismos de control para hacer efectiva la gratuidad. También reclaman la vinculación de la asignación de recursos al índice de complejidad educativa que atiende cada centro, para hacerla más justa y eficiente, y el desarrollo de indicadores que permitan seguir anualmente los avances o retrocesos en materia de equidad.
Merece la pena analizar estas propuestas con interés. Los sistemas educativos sólo mejoran con medidas, no con declaraciones de intenciones, y resulta imprescindible que los parámetros de desigualdad e ineficiencia que caracterizan al nuestro (más interrelacionados de lo que parece) dejen de incrementarse. Por eso, y pese a que le incomode, al Ejecutivo autonómico le toca modificar la agenda.
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