La moción

Sorprende, por tanto, la confusión que la iniciativa de Vox ha causado en las restantes bancadas. En vez de dedicarse a criticar la insultante triquiñuela del grupo proponente, los partidos se han centrado, bien en descalificar al falso candidato propuesto por sus desvaríos ideológicos, bien en hacer cábalas sobre las ventajas o desventajas que para uno mismo o el adversario puede acarrear la propuesta. La incomodidad de todos es, en cualquier caso, evidente. Para los partidos del Gobierno y sus socios o aliados, por ejemplo, el gran perjudicado no sería aquel contra el que la moción se presenta, sino, más bien, el partido afín al proponente, que se vería obligado a inhibirse para no distanciarse demasiado de quien pudiera ser en el futuro su imprescindible aliado. De este o similar modo, la actitud adoptada por cada uno de los grupos ha vuelto a estar motivada, como de costumbre, por cálculos puramente electorales, renunciando a denunciar la improcedencia constitucional de la iniciativa y a elaborar una defensa compartida de las instituciones.

Todos saben, sin embargo, y a todos inquieta, que la propuesta de Vox es tan peligrosa como una mina a la deriva que puede estallarle a cualquiera que la pise. Ni el propio proponente está libre de riesgo. Cada uno se esfuerza, por tanto, en esquivar las amenazas que le acechan. Nadie sabe si lo más ventajoso es arremeter contra el proponente, al tiempo que se dispensa deferente respeto al candidato, o si, más bien, procede olvidarse de proponente y candidato y dirigir el ataque contra quien, aun cuando sólo pasaba por allí, tampoco puede hacerse del todo a un lado. La ocasión se presta, pues, a un fuego cruzado del que nadie está seguro de salir indemne. Quien menos tiene que temer es, paradójicamente, el candidato, que, ajeno a la disputa, puede permitirse el lujo de disparar contra todos –y hasta de disparatar sobre todo–, sabedor de que nadie sacará provecho de oponérsele.

En estas circunstancias, en las que a la extravagancia de la propuesta se suman los destrozos que puede causar, además de a quienes a ella se opongan, al propio sistema, resulta sorprendente que nadie haya optado abiertamente por la inhibición conjunta, negándose a tomar parte en una mascarada que degrada la dignidad de las instituciones. Lo más reprobable de la moción no es, en efecto, su carácter estrambótico. Consiste, más bien, desde la perspectiva política, en que se trata de un auténtico fraude de ley –salvada la letra, se contraviene el espíritu– y no debería, por tanto, ser aceptada en el juego democrático. El asunto rebasa la política coyuntural y afecta al fondo de su estructura. Admitida, pues, a trámite la moción por pura formalidad legal, lo coherente sería que, previo pacto y olvidadas las rivalidades programáticas y electorales, los partidos se dedicaran a desenmascarar el amago de fraude, limitándose a despedir con una fría y educada ovación a quien, en calidad de académico, se ha dirigido al Congreso y extendiéndose en la descalificación argumentada y, a poder ser, coincidente de quienes sólo persiguen, a cambio de un incierto provecho, socavar las bases de un sistema que desprecian. Y, de paso, tampoco le vendría mal la reprimenda a quien, henchido de sí mismo, se prestó a tan denigrante astracanada. Pero no ocurrirá.