Salvador Illa reiteró ayer que seguirá al frente del Ministerio de Sanidad «hasta el último minuto, desarrollando mis compromisos y el día que empiece la campaña electoral las dejaré», refiriéndose a los comicios del 14 de febrero. ¿Y si las elecciones se posponen para fecha ... posterior por motivos de salud pública, continuará el ministro compatibilizando su cargo con el de candidato, por ejemplo hasta mayo, porque, aunque formalmente no se habría dado inicio a la campaña electoral, aquélla realmente comenzó ya con el decreto de convocatoria? Todo apunta a que la respuesta dada estaba pensada solo para el supuesto de elecciones en febrero y no ante una eventual suspensión temporal. Pues si se diera este segundo escenario, pretender simultanear ambas condiciones sería justamente reprochable. Legalmente no habría objeciones, pero políticamente tal decisión sería difícil de sostener con argumentos que no sean de interés personal y partidario.

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El empeoramiento de la situación sanitaria en Cataluña y en toda España lleva a los expertos a considerar que se va a requerir la adopción de medidas muy restrictivas que podrían, en su caso, incluir la suspensión de las elecciones. El propio decreto de convocatoria contempla esta posibilidad en el preámbulo, aunque no lo regula en su articulado. El próximo 15 de enero sabremos, tras la reunión de la comisión de trabajo de la administración con los grupos parlamentarios, si la pandemia se lleva por delante esta convocatoria, que ninguna de las formaciones curiosamente quiere retrasar, al contrario de lo que sucedió en Euskadi en una situación mucho menos mala. Todos quieren elecciones ya, aunque Puigdemont pudiera tener algún interés particular en favor de una posposición.

La decisión de Sánchez e Iceta de situar al ministro Illa como candidato del PSC a la Generalitat es legítima desde un punto de vista legal y democrático, pero como toda decisión política sujeta también a crítica, máxime cuando el candidato ostenta un cargo institucional y no de partido, representando no a éste sino al conjunto de la sociedad. Parece ser que en la designación de Illa ha jugado a su favor la presunción o la creencia, laboriosamente trabajada desde el CIS, de que su gestión como ministro ante la pandemia ha sido positiva en conjunto, habiéndose reforzado su figura, de lo que podría sacar provecho el PSC. Conforme al primer aspecto de la creencia demoscópica, la decisión más razonable sería mantenerle como ministro, por ser esa decisión la mejor para el interés superior, que no es más que la salud pública. Pero no se ha actuado conforme a este criterio, sino a otro más particular, que no es otro que utilizar su figura de ministro contra la pandemia para la mejor protección de los intereses electorales del PSC. Pero tal decisión, en coherencia, teniendo en cuenta que la crisis del Covid continúa muy presente, tenía que haber significado la dimisión como ministro, justo al anunciarse su designación como candidato.

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