Miles de personas se manifiestan en Euskadi para pedir al Gobierno que «acelere» el fin de la dispersión

El entorno de los presos de ETA ve con «esperanza» el viraje iniciado por el Ministerio del Interior desde que Pedro Sánchez llego a la presidencia del Gobierno por primera vez en 2018. En este tiempo hasta 130 terroristas han sido acercados a cárceles vascas, navarras o del entorno cercano. Entre ellos, algunos históricos con delitos de sangre a sus espaldas como Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', condenado por una decena de asesinatos, Igor Portu, responsable del atentado contra la T-4 en el que fallecieron dos personas, y Félix Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', uno de los asesinos de Fernando Buesa.

El «rayo de luz» que Etxerat, la asociación de familiares de los reclusos, percibe en la situación actual llevó ayer a los organizadores de las manifestaciones a reclamar al Ejecutivo central que «acelere» el proceso de acercamientos y las progresiones de grado. Según Sare, el 65% de los presos de ETA siguen aún en primer grado, el más restrictivo. Por eso el exconsejero y portavoz de la plataforma, Joseba Azkarraga, calificó los avances como «tímidos» y Sare emitió un comunicado lamentando que la política penitenciaria del Estado siga siendo «nostálgica».

Las marchas recorrieron las calles de 220 municipios del País Vasco y de Navarra con el lema 'Bidea gara' (Somos el camino) para reclamar también que la situación de los presos se eleve al primer orden de prioridades políticas. Consideran los organizadores que la «resolución del conflicto» que afecta a los reclusos es una condición 'sine qua non' para «avanzar» en el proceso de normalización abierto en la sociedad vasca tras el fin del terrorismo y la desaparición de ETA.

Sare también se refirió ayer a las víctimas del terrorismo. En el acto organizado por la mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao, una previa de las manifestaciones celebradas por la tarde en la que participaron 70 representantes políticos, sindicales y sociales, los portavoces de la plataforma leyeron un texto en el que expresaron su «comprensión» y «solidaridad» con «los sufrimientos que han tenido aquellas personas a las que la violencia les ocasionó un daño irreversible». Hace justo un año la manifestación de Bilbao estuvo encabezada por Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, y por Asun Lasa, hermana de José Antonio Lasa, asesinado por los GAL en 1983.

En el Euskalduna, y posteriormente algunos también en las diferentes marchas, se sumaron a la reivindicación del fin de la dispersión representantes de PNV, EH Bildu, Podemos y la práctica totalidad de los sindicatos vascos. También participaron una delegación de Geroa Bai y representantes de ERC, la CUP y la ANC, habituales cada año. Todos coincidieron en criticar la «excepcionalidad» de la política penitenciaria, aunque nadie hizo alusión al gran cambio que podría darse en apenas unos meses si el Gobierno central confirma el traspaso de la gestión de las cárceles vascas al Ejecutivo autonómico. La situación de los reclusos seguirá dependiendo del Estado, pero la reorganización de las prisiones del territorio, y de sus internos, pasaría a depender de Lakua.