De Miguel trata de anular como prueba los audios con la supuesta petición de comisiones

La grabadora aportada por la abogada urbanista Ainhoa Alberdi es una de las pruebas clave que sostiene la investigación del ‘caso De Miguel’ y la ramificación relacionada con el parque tecnológico de Miñano. En las pistas de audio se escucha cómo los responsables de la supuesta trama liderada por Alfredo de Miguel, antiguo ‘número dos’ del PNV alavés, le reclaman una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato a la empresa Urbanorma Consulting, de la que Alberdi era socia. Por la contundencia de esta evidencia, uno de los principales objetivos de las defensas es buscar su nulidad.

Por eso, los letrados centraron en la sesión de ayer la mayoría de sus preguntas en el ertzaina que trasladó la grabadora desde Vitoria hasta la unidad científica de la ‘macrocomisaría’ de Erandio y otro especializado en soportes de audio. Los otros tres -expertos en caligrafía y en delitos económicos- tuvieron unos interrogatorios fugaces, pese a que su participación en la investigación fuera mucho mayor.

Y eso que el agente adscrito a la unidad de policía judicial que sirvió de ‘recadista’ apenas aportó detalles sobre su labor alegando que ya han transcurrido más de ocho años desde aquella tarea. Ni siquiera recordaba si este dispositivo digital se encontraba dentro de una bolsa de evidencias sellada o la portó descubierta, por lo que mucho menos sabía el modelo de la grabadora. Un detalle que para la defensa de De Miguel -que ayer estuvo presente en la sala sentado junto a Aitor Tellería, exconcejal de Vitoria, pese a que ambos cuentan con permiso para ausentarse hasta que les toque testificar- parece vital.

Porque en los informes de las pesquisas se habla de dos modelos distintos, VN 5.500 y VN 500 de la marca Olympus. Esto bien podría tratarse de un error en la transcripción, pero se ha convertido en uno de los principales argumentos esgrimidos por el abogado de ‘Txitxo’ (como todos llaman al antiguo ‘burukide’) para sostener que existieron «indicios de manipulación» en la prueba. Además, la defensa preguntó al miembro de la Ertzaintza por qué transcurrieron tres días desde que la Fiscalía Provincial de Álava le entregó la grabadora -el 4 de diciembre de 2009- hasta que los agentes de nuevas tecnologías notificaron su recepción. «Yo no recuerdo si la entregué el mismo día o el 5. No lo sé. Una vez que la entrego en Erandio es responsabilidad de los que se encargan de la custodia», zanjó.

En la vista, que apenas duró una hora, los abogados también se interesaron por las explicaciones de un agente especialista en electrónica y audio que subrayó cómo uno de los peritos de parte copió los archivos de la grabadora a su ordenador personal incorporándoles una firma digital que evitase su posterior modificación.