De Miguel sabía que le iban a adjudicar contratos antes de que las instituciones los licitasen

En la documentación recogida por los ertzainas en su detención en 2010 junto a –entre otros– a los burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, se incluyen esquemas y apuntes sobre los ingresos que tendrían las sociedades. En el caso de Errexal (que tenía a Iñaki San Juan, exconcejal del Partido Nacionalista en Leioa, como gerente), la supuesta trama corrupta encabezada por De Miguel tenía claro en noviembre de 2015 que ingresaría 90.000 euros correspondientes a un contrato con las cuadrillas de Álava –las mancomunidades de ayuntamientos– sin que ni siquiera se les hubiese comunicado a estas instituciones qué cantidad de dinero concreta iban a recibir para desarrollar el segundo plan joven comarcal.

Algunos presidentes de las cuadrillas han mantenido en sesiones anteriores que el nombre de Errexal surgió en una reunión con el Gobierno vasco en octubre cuando ni siquiera estaba constituida dicha empresa. Otros responsables políticos, por su parte, ya evidenciaron que se les indicó que había que «dividir» este contrato en dos para que no superase el tope legal que obligaría a celebrar un concurso público y así se pudiera adjudicar 'a dedo' los trabajos a las empresas que formaban parte de la red.

Tal era la seguridad que tenían sobre los ingresos que estaban previstos para junio del año siguiente, según las anotaciones de los cuadernos intervenidos por la Ertzaintza a De Miguel y Ochandiano. De hecho, el entonces 'número dos' del PNV alavés –delfín de Iñaki Generabarrena– recibía toda la documentación correspondiente a los movimientos de la sociedad, se le consultaba la manera de cómo facturar algunos trabajos y entre sus archivos documentos contaba con el DNI de San Juan de cara a para posibles gestiones.

Precisamente en un mensaje enviado por el antiguo edil de Leioa a De Miguel se lee: «Xabier no puede meter ni un duro». Si bien los investigadores identifican a esa persona como Xabier Sánchez Robles, director de Juventud del Gobierno vasco hasta 2007 y la persona señalada por algunos testigos como responsable de la firma de estos contratos, su abogado ha intentado cargar esa responsabilidad en la sesión de este miércoles sobre un funcionario de la Administración autonómica para exculpar a su cliente.