De Miguel niega haber reclamado comisiones por la adjudicación de contratos

A preguntas de Susaeta, las únicas que De Miguel pretende responder en las próximas jornadas, ha recalcado que nunca ha solicitado a nadie «ninguna comisión» por ningún trabajo, ni le han ofrecido a él nada parecido. Y es que en el interrogatorio ha querido retirar cualquier sombra de sospecha sobre la denuncia de la abogada urbanista Ainhoa Alberdi, quien aseguraba que le habían reclamado una 'mordida' de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico, y para lo que presentó emails y grabaciones. Quien fuese 'número dos' del Partido Nacionalista en Álava ha querido convencer al tribunal presidido por Jaime Tapia que en verdad la empresa de Alberdi había 'heredado' una deuda y que ni tan siquiera ascendía a dicha cantidad (se limitaba a 30.000 euros).

Un giro de 180 grados que en gran medida tiene su origen en la presión ejercida por parte de muchos imputados -alguno alegó que estaba dispuesto «a tragarse un sapo, pero no la charca entera»- y aquella procedente del exterior, donde se había convertido en un arma política contra el Partido Nacionalista.

Pero ante este relato «sin extorsiones ni cosas raras» -según las palabras de 'Txitxo', como todos conocen al antiguo burukide- el fiscal jefe Josu Izaguirre desveló que, por el contrario, sí ha alcanzado un acuerdo de conformidad con una «parte significativa» de los imputados en este caso. Estos, implicados en operaciones «esenciales», dejarán acreditado que formaban parte de una «trama organizada y criminal destinada al cobro de comisiones ilícitas».

Ni se sabe públicamente quienes son ni hasta qué punto están dispuestos a dejar al descubierto la trama, aunque se sospecha que la mayoría están relacionados con la operación urbanística para instalar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. Una circunstancia que pone nerviosa a la defensa de los principales implicados, que serán los primeros en declarar y que pueden verse afectados por las futuras confesiones de quienes han accedido a pactar con el Ministerio Fiscal. este Sin embargo, Izaguirre ha asegurado en sala que no existe un «acuerdo cerrado con vinculación jurídica» sino que «se trata de un pacto de caballeros» que finalmente puede evolucionar o incluso irse al traste.

En todo caso, durante las tres horas que ha durado la declaración de Alfredo de Miguel se ha contemplado cómo ha pasado de estar a punto de firmar una confesión a recuperar sus teorías iniciales, como si nada hubiese cambiado desde que el 8 de enero se inició este 'macroproceso' y no hubiese novedades tras escuchar a los 170 testigos que han pasado por el Palacio de Justicia de Vitoria. Gonzalo Susaeta ha recuperado su argumento de que la Ertzaintza 'manipuló' las grabaciones realizadas por Alberdi y que las escuchadas por la sala no se corresponden con los audios originales. «Ni me reconocí ni me reconozco en las grabaciones», ha defendido 'Txitxo'. «No admito que me empiecen a hablar ahora de ninguna clase de halo que hasta ahora no ha sido desvelado», ha zanjado el juez Tapia.

Porque, ante la circunstancia de que sólo responderá a las preguntas de su abogado, el presidente del tribunal del 'caso De Miguel' ha sido el único que ha podido interrumpir un interrogatorio visiblemente ensayado y en el que apenas ha quedado hueco para la improvisación.

El fiscal sí que ha conseguido que se haya recuperado la transcripción de las dos declaraciones que el ex diputado foral realizó ante el juez instructor. Entre la primera y la segunda existen diferencias evidentes, como que inicialmente no recordaba que sus empresas hubiesen firmado contratos con el Gobierno vasco. «No estaba ni en condiciones físicas ni psíquicas para prestar declaración ya que cuando fui detenido creí que querían atentar contra mi vida», alegó la última vez a preguntas del juez de instrucción Roberto Ramosy el propio Izaguirre.

De hecho, el argumento de posible víctima de la banda terrorista ETA lo recuperó para justificar por qué había sacado 30.000 euros en billetes de 500 euros de las cuentas de Kataia, la consultoría que compartía con los también burukides Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, y que la investigación determinó como una empresa 'pantalla'. «Había aparecido en una documentación incautada a Mikel Antza», dijo entonces.