De Miguel eludirá la entrada en prisión hasta después de las elecciones de mayo

El Tribunal Supremo ratificó a primeros de enero su sentencia a 9 años de prisión por delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos. Agotada la vía judicial, desde entonces su defensa se ha dedicado a pulsar todos los resortes legales a su alcance para demorar el procedimiento. Entre ellos, la petición de un indulto al Gobierno central, que no se ha pronunciado al respecto. La misma estrategia han seguido los otros tres implicados con penas reales de cárcel. Se trata de Aitor Tellería, Xabier Sánchez Robles y Koldo Otxandiano.

Todos pertenecían al PNV cuando el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ordenó su detención, hace ahora catorce años, ante las evidencias de haber diseñado una red corrupta amparados en sus cargos en la formación jeltzale. De Miguel era diputado de Administración Pública y considerado el 'número dos' del partido en Álava.

Su visita al tribunal médico está fijada para «mediados del próximo mes de mayo». A partir de ahí quedaría que los facultativos del Palacio de Justicia de Vitoria emitan un último informe sobre su situación física y psicológica. «Salvo sorpresa, ese dictamen no llegará antes de las elecciones municipales», estiman los medios consultados en función de los tiempos que se manejan en la Unidad Forense de Valoración Integral de la capital alavesa.

Todo indica que esa resolución será desfavorable para los intereses del exburukide. De confirmase la negativa y una vez gastada la que sería su última bala, la magistrada Elena Cabero -ponente de la primera sentencia condenatoria para De Miguel y una quincena de colaboradores- firmaría el mandamiento definitivo de su encarcelación. Todo ello con la posición contraria de la Fiscalía de Álava, que ha solicitado de manera formal el inmediato cumplimiento de las penas de prisión para estos cuatro condenados en sentencia firme.

Sin embargo, el inexistente riesgo de fuga y la ausencia de delitos de sangre apuntan a que la Audiencia de Álava «mantendrá» su situación actual de 'stand by'. Durante el larguísimo proceso judicial -la denuncia original, a cargo de la abogada vizcaína Ainhoa Alberdi, se recogió a mediados de 2009-, De Miguel ha conservado su puesto de trabajo en una fundación pública dependiente del Gobierno vasco, que no le dio de baja hasta hace unas semanas. En la misma situación se encontraban Sánchez Robles -el exdirector de Juventud en el Gobierno Ibarretxe estaba empleado por la Diputación vizcaína- y Otxandiano -contable del parque tecnológico de Miñano-.

Este último implicado y Tellería -ambos con problemas físicos documentados- también han optado por la misma línea de demora. En el caso de Otxandiano ya conoce que alargará su actual situación de libertad hasta junio, como mínimo. Será en ese mes cuando le ausculten los forenses, por lo que su entrada en la cárcel podría alargarse «incluso hasta julio», barruntan los medios consultados por este periódico.