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La defensa de Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' del PNV de Álava condenado a trece años de prisión por el mayor caso corrupción demostrado en Euskadi, mantiene en su recurso de casación ante el Tribunal Supremo el mismo argumento que durante 2018 ... esgrimió ante el tribunal presidido por el juez Jaime Tapia. Ahora, como entonces, pone en cuestión el trabajo realizado por la Ertzaintza en la recogida de pruebas el día de su detención y la cadena de custodia que siguieron durante la investigación.
Una versión que fue el 'leitmotiv' de las defensas de la inmensa mayoría de los acusados hasta la fase final del juicio, cuando algunos decidieron negociar con el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, conscientes de las pocas posibilidades que tenía de prosperar y admitieron su implicación en esta red que -según sostiene la sentencia publicada el 17 de diciembre- se encargaba de utilizar su influencia en las instituciones vascas como destacados miembros del PNV para adjudicar contratos 'a dedo' a cambio de comisiones económicas.
Además de poner en duda el trabajo de la Policía autonómica, el juez instructor del caso, Roberto Ramos, y la Fiscalía, el abogado de 'Txitxo' (como todos conocen a quien era diputado de Administración Local de Álava hasta su detención en marzo de 2010) apunta hacia el tribunal que juzgó este caso -presidido por Jaime Tapia, con Elena Cabero como portavoz y Raúl Aztiria- por haber ido más allá de lo que marcaba la calificación del Ministerio Público.
Como ya indicó este periódico, al escrito presentado por la Fiscalía Provincial de Álava en busca de que las condenas a los principales condenados -todos ellos antiguos altos cargos del PNV en el territorio- se amplíen se suma la petición de trece de los quince inculpados. Los dos únicos que han decidido no continuar con el trámite son Josu Arruti y su padre, que admitieron ante los jueces que habían solicitado una comisión a unos empresarios catalanes por su mediación en un contrato para instalar un parque tecnológico en la pequeña localidad de Zambrana.
Los abogados sostienen que no se esperaban una condena de tal magnitud «ni en sus peores pesadillas». Porque, además de Alfredo de Miguel, se ha fijado una pena de siete años y medio para Koldo Ochandiano, contable del parque tecnológico de Miñano y de las sociedades salpicadas por este caso, y seis años y medio a Aitor Tellería, antiguo concejal de Vitoria y 'mano derecha' del cabecilla de esta trama.
Entre los principales condenados se encuentra el exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles (el fallo marca una condena de siete años y un mes para él), el exedil de Leioa Iñaki San Juan (cinco años y tres meses), el empresario cultural Josu Montes (cuatro años y cuatro meses) y el constructor Jon Iñaki Echaburu (dos años y cinco meses). Precisamente, este último -quien sobre el papel es quien más posibilidades tiene de librarse de la cárcel- alega ante el Tribunal Supremo que no cuenta con fondos económicos suficientes como para hacer frente a su condena.
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