La principal testigo acusa a De Miguel de quitarle contratos por no pagar comisión

«Tú puedes quedar mal con nosotras, con el parque y hasta con Cristo porque ‘Txitxo’ -como todos llaman al antiguo burukide- en su momento te dijo que se nos apartaba», le llegó a reprochar Alberdi a Sergio Fernández, administrador único de Studio Técnico Obras y Arquitectura (STOA), que está incluido entre los 26 imputados en este proceso -en su mayoría cargos y militantes del PNV- y para quien el fiscal reclama una pena de 12 años de cárcel. Así consta en una de las grabaciones que se escucharon durante la sesión del juicio de ayer. La abogada y empresaria interpretaba que Fernández le había «apartado» de un contrato conjunto tras haberse negado a pagar los 100.000 euros a De Miguel y al exconcejal de Vitoria Aitor Tellería. Una circunstancia que el dueño de STOA no le niega durante la grabación.

Para Sergio Fernández, según sostiene la declarante, Alfredo de Miguel era una especie de «padrino» que había conseguido incluirle en contratos anteriores con la Administración y, por eso, tenía capacidad suficiente para exigirle modificaciones a modo de «venganza». De esa manera, pese a que cuando se le adjudicó un contrato a STOA se fijaba la subcontratación del despacho Alberdi-Vicinay (compuesto por Ainhoa Alberdi y Beatriz Vicinay) finalmente se le sustituyó por otra firma. «Ante mi negativa (a pagar) me encuentro que algo que estaba dado ya no es para mí», expuso la testigo que destapó esta supuesta trama corrupta.

«Nosotros le contamos a Sergio (Fernández) que hemos tenido ciertos problemas paralelos con De Miguel y nos dice que nos apartemos», resumió Ainhoa Alberdi, mientras a las puertas del Palacio de Justicia de Vitoria tenía lugar una manifestación en su apoyo.

Este proceso de adjudicación disparó las sospechas de muchos porque STOA se prestaba a realizar unos trabajos por 343.000 euros mientras la oferta de sus contrincantes rondaba el millón. Una cantidad más ajustada a lo que había calculado la abogada urbanista y que sorprendentemente luego no se plasmó sobre papel. Una circunstancia que algunos abogados alegaron que pudo tener su origen en un erróneo copiado a la hora de redactar la oferta.