Comienza la lectura de la sentencia

El principal acusado es Alfredo de Miguel, que fue antiguo diputado foral de Administración Local hasta su detención el 17 de marzo de 2010. Se enfrenta a una petición de cárcel de 29 años y nueve meses, ya que el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, señala que fue quien urdió la red y le acusa de haber cometido los delitos de cohecho, malversación y prevaricación. En cualquier caso, y al hilo de lo que sucedió en sala, el máximo responsable del Ministerio Público en la provincia rebajó notablemente su solicitud de prisión desde los 54 años y siete meses iniciales.

Txitxo, como todos llaman al ex diputado, vio cómo su arresto el 17 de marzo de 2010 desbarató sus planes en la política, ya que estaba llamado a ser el nuevo máximo responsable del Partido Nacionalista en Álava como delfín político de Iñaki Generabarrena. 105 días antes, la abogada urbanista Ainhoa Alberdi había presentado una denuncia ante la Fiscalía ya que –siempre según su versión– le pidió una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato para ampliar el parque tecnológico de Miñano, al Norte de Vitoria.

Un extremo que, hasta cierto punto, apoyó Juan Antonio Alberdi que, además de padre de la denunciante, es un reconocido militante del PNV de Bilbao. Para él, De Miguel era un «compañero de comidas y de partidas» de cartas, pero a principios de 2009 recibió una llamada que le sorprendió sobremanera y cambió el concepto que tenía sobre él. «Tu hija me va a meter en un lío», le debió comentar el principal acusado, aunque ante los magistrados quiso descartar que cualquier cantidad que se exigiera fuera «para el Partido». «Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había reclamado», insinuó Ainhoa Alberdi en una de las vistas antes de desvelar cómo un político vizcaíno le avisó de que la denuncia le iba a cerrar las puertas para la contratación con las administraciones vascas durante «muchos años».

La sentencia que se conocerá a las 10.00 horas deberá abordar uno de los asuntos que quedó pendiente de resolverse en la sentencia a principios de 2018, cuando aún se trataban las cuestiones previas al juicio. La defensa de los principales acusados basa gran parte de su estrategia en desacreditar el trabajo realizado por la Ertzaintza. El abogado de Alfredo de Miguel, Gonzalo Susaeta, acusó a los agentes de hacer unos registros «indiscriminados» y el de Koldo Ochandiano, Carlos Chacón, sugirió que se había «enriquecido» alguna de las pruebas recogidas en la casa de su cliente. Un perito declaró ante los magistrados que el trabajo de la Policía autonómica había sido «sesgado y erróneo».

Otro de los bloques del juicio afectó al Departamento de Juventud del Gobierno vasco. El ex viceconsejero Gurutz Larrañaga responsabilizó a Xabier Sánchez Robles, director del departamento, de los contratos suscritos con supuestas empresas de la trama como Ortzi Muga y Errexal. Sánchez Robles, a su vez, señaló que los funcionarios son los encargados de seleccionar, siempre según su «criterio técnico», a quienes ejecutan los trabajos que externaliza la Administración. Incluso trató de convencer al tribunal de la existencia de una 'vendetta' ejercida por el Gobierno del socialista Patxi López que, según dijo Sánchez Robles, no aportó a la Justicia todos los documentos que se le habían requerido. Su abogado, Javier Beramendi, sí que aportó dichos informes a la causa llamando la atención del fiscal porque –entre otras cuestiones– uno estaba fechado el 29 de febrero de 2007, un año que no fue bisiesto.

Nueve de los 26 imputados pactaron con la Fiscalía a cambio de rebajas en la petición de condenas. Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano entablaron conversaciones con el Ministerio Público para confesar alguno de los delitos a cambio de que sus mujeres no pisaran la cárcel, pero no llegaron a buen puerto. El constructor Prudencio Hierro, por su parte, reconoció ante los jueces que pagó la obra de la casa que De Miguel tiene en Gorliz porque «siempre viene bien» tener un «amigo» en la Administración, pero el testimonio de Josu Arruti fue el más subrayable. Este promotor dijo que, a petición de Txitxo, había pedido una «mordida» de 322.000 euros a unos empresarios catalanes interesados en levantar un polígono industrial en el municipio alavés de Zambrana, una circunstancia que confirmaron los propios pagadores y otros intermediarios de la supuesta operación.

Este martes se volverá a oír al tribunal tras la sorprendente despedida de la última vista del juicio por parte del presidente de la Sala, Jaime Tapia. «Les deseo lo mejor en la vida», apuntó el juez, que en el receso por verano fue protagonista de otra polémica por acusar a los fiscales de «inflar» sus peticiones de cárcel para luego pactar unas condenas mucho menores.