El PP da al PNV dos meses de plazo para que rompa con Bildu en la reforma del Estatuto

Así lo ha manifestado en una comparecencia de prensa esta mañana en San Sebastián. «Se ha acabado el teatro. La legislatura es un fracaso. Urkullu vive en la parálisis política y al PNV parece que le da igual pactar con unos o con otros. No tiene proyecto político y ahora Urkullu mendiga apoyos en el Parlamento. Nosotros no estamos a eso. Estamos aquí para impulsar reformas», ha argumentado Alonso.

El presidente de los populares no se ha cerrado en ningún momento a lo largo de las últimas semanas a prestar su apoyo a Urkullu para que apruebe las Cuentas y así tratar de prolongar lo máximo posible la legislatura vasca. Un escenario que daría tiempo a Alonso para redefinir el proyecto político de su partido -en septiembre celebra una convención extraordinaria- y tratar de llegar a las urnas con ciertas garantías de que no sufrir un derrumbe fatal.

Pero lo que Alonso sí ha repetido constantemente es que necesita un «contexto» propicio, un mínimo de entendimiento con el PNV para no dar la sensación de que apoya a Urkullu a cambio de nada. La decisión de los jeltzales de arrebatar al PP las alcaldías de Laguardia y Labastida y la incógnita sobre el papel que vayan a jugar los nacionalistas en Navarra no ayudan en ese proceso. «Resulta absurdo pretender ahora el apoyo del PP. No tiene sentido». Pero no es un escenario irreversible. Todo puede cambiar si Alonso y los suyos aprecian cambios en otras materias.

El PP se opondrá en la reunión de mañana de la ponencia de Autogobierno a conceder 5 meses de prórroga a los expertos, hasta el 30 de noviembre, para que presenten su texto articulado. Alonso no quiere dar una «coartada» al PNV para dilatar aún más la toma de una decisión definitiva. «Antes de que termine el verano este asunto debe estar clarificado para que todo el mundo sepa a qué atenerse», ha afirmado hoy. Alonso pretende entrar en las negociaciones presupuestarias con esa flanco cerrado. Por eso ha pedido al PNV que reniegue de las bases soberanistas pactadas con Bildu, «que son un disparate», asuma «que con ellas no van a ningún lado y que se acabó». «Ha agotado la paciencia de todo el mundo y se acabó la broma. Debe decirnos con claridad si sigue de acuerdo o no con Bildu y qué futuro quiere para el País Vasco. No se puede vivir permanentemente en la indiferencia», ha insistido Alonso.

 

El PP presentará a la vuelta del verano en las tres Juntas Generales un proyecto de reforma fiscal que recogerá una «ineludible» bajada del IRPF. Con este movimiento, obligará al PNV -fuerza mayoritaria en las tres instituciones- a posicionarse en un tema complicado, que, como ya ocurriera en 2017, puede generar fricciones con su socio, el PSE. «Los nacionalistas tendrán que elegir qué línea quieren seguir», ha dejado caer hoy Alonso.

Esta propuesta es heredera de la que PNV y PSE pactaron a finales de 2017 con los populares. Entonces, se pactó una bajada del impuesto de sociedades del 28 al 24% y se adquirió el compromiso de acometer una revisión del IRPF de las rentas medias y bajas en 2020. A ese acuerdo se agarra ahora el PP. Quiere que los jeltzales «cumplan» lo prometido y se sienten a la mesa de negociación para, antes de hablar del Presupuesto del Gobierno del próximo año, marcar una nueva política fiscal.

 Alonso ha confirmado que ha pedido al Gobierno vasco que retome el proyecto de ley para la reforma de la RGI, ahora guardado en un cajón por la falta de apoyos entre la oposición para su aprobación. El PP quiere que ese debate vuelva al Parlamento vasco. Aunque ya ha dejado claro que planteará una enmienda a la totalidad que recoja las medidas que considera imprescindibles para que el sistema de protección social sea eficaz y evite el fraude. Ahí el PNV deberá decidir si va de la mano del PP o, por el contrario, acepta los postulados de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

En ese sentido, ha mencionado la «incorporación de una garantía social para que, «si los trabajadores fichan todos los días en su puesto, los perceptores de la RGI también lo hagan». «Hay que garantizar, no una situación permanente de exclusión subvencionada, sino que la gente pueda insertarse en el mercado de trabajo. No es posible darle un dinero a una persona y desentenderse de ella», ha asegurado. Además, la propuesta de los populares incluirá la imposibilidad de que las ayudas crezcan por encima de la «capacidad de crecimiento» de Euskadi, la regulación de los sistemas sociales a nivel municipal para que no contradigan la normativa autonómica y la implantación de un sistema generalizado de identificación por huella dactilar para evitar fraudes.