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El ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel, los antiguos burukides Koldo Otxandiano y Aitor Tellería, el alto cargo gubernamental Xabier Sánchez Robles y el exconcejal vizcaíno Iñaki San Juan apuran sus últimas semanas de libertad antes de ingresar en prisión para cumplir ... las penas de entre 12 y 4 años de cárcel que les impuso la Audiencia de Álava y que ratificó el Tribunal Supremo hace un mes por conformar una trama corrupta para el cobro de comisiones ilegales. Otros diez empresarios, cargos y afiliados peneuvistas merecieron condenas menores y no deberán entrar en la cárcel.
Mientras, siguen apareciendo noticias no precisamente favorables para la formación de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu. Tanto sobre el líder de la trama corrupta peneuvista, como sobre otro antiguo caso de corrupción en Alonsotegi.
Hace una semana, recién reabierto el Parlamento vasco, Urkullu tuvo que comparecer y hacer frente a duras acusaciones de la oposición contra él y su partido por su actuación en este 'caso De Miguel'. Una vez más, el lehendakari negó la mayor, sostuvo que el PNV y su Gobierno han sido contundentes con los condenados, han colaborado con la Justicia, además de pedir perdón a la sociedad por lo ocurrido.
Sospecho que Urkullu va a tener que dar más explicaciones tras conocerse sendas informaciones sobre De Miguel que, en apariencia, no dejan precisamente bien parado a su Gobierno. La primera, que el cabeza de la trama corrupta vio cómo le subían el sueldo generosamente por su trabajo en la sociedad pública Hazi de 35.000 euros anuales a 57.000. La segunda que, según un informe del gerente de esta empresa pública que acaba de destaparse, De Miguel pudo ser puesto de patitas en la calle tan pronto fue condenado por corrupción, sin esperar el veredicto final del Supremo, en contra de lo que ha sostenido el Ejecutivo de coalición.
El otro jarro de agua fría para Sabin Etxea ha sido la petición fiscal para que se abra juicio oral contra el exalcalde peneuvista de Alonsotegi Aitor Santiesteban, un técnico y tres constructores por conformar una trama para el cobro de facturas por obras falsas. El ministerio público les pide 7 años de cárcel. El caso lo destapó EH Bildu.
La tozuda realidad llevaba la semana pasada a Urkullu a decir que «ningún país está libre de corrupción». Lo hacía después de décadas en las que el suyo se ha hartado de vender Euskadi como un supuesto 'oasis vasco' de bienestar ajeno a la corrupción. Ello pese a que aquí se han hecho escuchas ilegales a un lehendakari (Garaikoetxea) y han aparecido escándalos económicos de todo tipo. Amén de que nuestra sanidad, nuestra joya de la corona, hace aguas por más sitios de los deseables, como las de otras comunidades.
El Gobierno vasco es desde hace poco el responsable de Prisiones. Estoy seguro de que los cinco exdirigentes peneuvisrtas que ingresarán en la cárcel recibirán un trato justo. Que accederán al segundo grado y tendrán permisos de fin de semana cuando les corresponda. Y otro tanto cabe decir del tercer grado que da paso a la semilibertad. De verdad que no dudo. Pero el Gobierno Urkullu –o el que esté cuando corresponda– hará bien en ser didáctico y extremar la transparencia.
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