«El Gobierno franquista intentó evitar las condenas a muerte de Burgos con un soborno»

«Se dice que el Proceso de Burgos fue un intento del Gobierno franquista de acabar con ETA y viendo la documentación, es mentira. Es un macroproceso de la jurisdicción militar porque hay distintos encausados y pruebas pero el Gobierno franquista está en contra, no por cuestiones morales, sino porque es el Ejecutivo de los tecnócratas y están intentando modernizar la apariencia de la dictadura y acercarse a Europa. Este proceso rompe sus planes». Esta nueva visión contradice a la historiografía contemporánea, que se decantaba por una tesis más plana: que el franquismo quiso dar un último golpe sobre la mesa con el Proceso de Burgos, que alentó las condenas a muerte, y que la movilización general y la presión internacional las evitó.

Lo que deciden en ese momento es sorprendente. «El ministro de Información y Turismo envía a un alto funcionario a Burgos para sobornar al fiscal. Comen juntos y le ofrece la vicepresidencia de un banco público, con un sueldazo, mucho mayor al de comandante, y le pide a cambio que no reclame condenas a muerte para ahorrarse el peligro de que haya ejecuciones». Quieren evitar un problema internacional. «El fiscal no aceptó, pero el problema es que el funcionario se pone a contarlo en un bar y le escuchan otros militares y por eso le encausan. Hay un sumario militar contra él y llega a interrogarse al ministro por lo que hoy llamamos cohecho». Gracias a este caso «sale a la luz también que Franco tiene un servicio secreto personal, que es algo que no sabíamos, y les pidió un informe sobre el ministro».