El terrorista de la matanza de Atocha que permanece desaparecido

Uno de los implicados en el crimen fue Fernando Lerdo de Tejada, el hijo de un terrateniente de Toboso, Ciudad Real, que desapareció en medio de la investigación del crimen y del que no se ha vuelto a saber nada pese a que su causa ya ha prescrito y podría regresar a España sin ser procesado por los cinco crímenes. El papel de este personaje permite entender cómo se llevó a cabo el atentado y ayuda a comprender como era la España de 1977, dos años después de la muerte del dictador Franco y sin que la democracia terminase de implantarse.

Los cinco asesinatos tuvieron lugar en la tarde del 24 de enero de 1977. Ese día, tres personas irrumpieron en el despacho de abogados de CCOO en el número 55 de la calle Atocha. Uno de ellos era José Fernández Cerra, un ultraderechista que pronunció una de las frases gansteriles que quedaron grabadas en la memoria de los supervivientes: «Las manitas bien arriba». El segundo en entrar fue Carlos García Juliá quien recorrió todas las habitaciones del bufete para buscar a sus víctimas y encerrarlas en la habitación donde se encontraba Fernández Cerra. En un momento dado se le disparó la pistola que llevaba. El tiro le rompió el abrigo pero no hirió a nadie. Estos dos pistoleros contaban con la ayuda de Fernando Lerdo de Tejada. Con 23 años, este joven era el encargado de vigilar el acceso al despacho.

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Cuando García Juliá y Fernández Cerra abrieron fuego, sus balas asesinaron a los abogados Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides y Francisco Javier Sauquillo. También falleció el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Angel Rodríguez leal. Otras cuatro personas resultaron heridas de gravedad. El crimen conmocionó a una España que vivía con el pánico a que el camino a la democracia se rompiese por los crímenes de los sectores violentos de la sociedad.

La Policía detuvo a los autores de la matanza pocos días después, pero enseguida surgieron una serie de interrogantes. Para empezar, en ningún momento se mencionó la relación con la ultraderecha de los arrestados. Por el contrario, en la nota que hizo pública la Policía, se mencionaba como móvil del crimen un hipotético ajuste de cuentas en el sector del transporte, a consecuencia de las huelgas convocadas por un abogado de Atocha, que el día del atentado no se encontraba en el edificio. CCOO negó esta posibilidad.

Pero era muy difícil ocultar las relaciones de los detenidos con la extrema derecha. Fernández Cerra era un violento personaje al que su propia mujer había denunciado por amenazarle con un arma y que, según la denuncia, pasaba todo el día con los Guerrilleros de Cristo Rey, una de las organizaciones ultras y violentas del tardofranquismo. García Juliá había sido visto con el uniforme falangista junto con el dirigente de Fuerza Nueva Blas Piñar. Y Lerdo de Tejada era un personaje conocido en esos círculos. A la boda de su hermano habían acudido gerifaltes ultras, entre ellos, el propio Blas Piñar.

Las conexiones entre la ultraderecha y los sectores más franquistas de las fuerzas de seguridad salieron a la luz en las investigaciones. Los responsables del atentado se habían quedado en Madrid después del atentado, lo que revela lo seguros que se sentían. Pero en el último momento, cuando la Policía ya estaba tras su pista, tanto Cerra como Lerdo de Tejada se marcharon de la capital tras haber recibido un soplo. Pese a todo, fueron arrestados. En aquella época, Blas Piñar, el líder de la ultraderechista Fuerza Nueva, se presentaba en público con comisarios y miembros de las fuerzas de seguridad.

Pero el apoyo no terminó ahí. El juez instructor de la causa fue Rafael Gómez-Chaparro, un magistrado procedente del Tribunal del Orden Público. Este fue uno de los órganos creados por la dictadura para perseguir a la disidencia y, entre otros, a los miembros del ilegal Partido Comunista. Ahora el tribunal tenía que investigar a simpatizantes del régimen que les había aupado al poder y que habían asesinado a comunistas.

Al juez Gómez-Chaparro se le reprochó en su día que no quiso investigar a los autores intelectuales de la matanza de Atocha. La instrucción estaba dejando fuera todo lo que tuviera que ver con el componente político del atentado. Pero el gran problema se produjo en la Semana Santa de 1977. Gómez-Chaparro concedió un permiso a Lerdo de Tejada sin comunicárselo a nadie, ni a la Fiscalía ni a las partes. El procesado aprovechó la salida de prisión para visitar a su madre -que había sido secretaria personal de Blas Piñar- y desapareció. Distintas informaciones periodísticas le situaron en París e incluso en Chile. En este último país, supuestamente, estaba protegido por la dictadura de Pinochet. El juez Gómez-Chaparro fue apartado de la causa pero jamás se le sancionó por haber permitido la fuga. El caso de Lerdo de Tejada prescribió en 1997, sin que su rastro haya aparecido en ningún lugar del mundo.