La Fiscalía exculpa a Interior y da carpetazo a la investigación sobre la tragedia de Melilla

El cierre de las pesquisas por parte del Ministerio Público prácticamente ciega la posibilidad de que la justicia española investigue los sucesos del paso de Barrio Chino, al tiempo que supone un balón de oxígeno para Fernando Grande-Marlaska, cuya versión sobre aquellos acontecimientos había sido muy cuestionada, incluso por Podemos y los socios habituales del Gobierno, además por el Defensor del Pueblo.

El único reproche mínimo de la Fiscalía es a los guardias civiles que, según se aprecia en las imágenes grabadas por los medios aéreos del cuerpo, devolvieron las pedradas a los inmigrantes. El Ministerio Público da traslado al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil de la actuación de esos agentes, «por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria».

Y nada más, porque, en esencia, el Ministerio Público pone el acento en la «violencia» usada por los 'sin papeles' aquel día. «Se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles», zanja el informe, que insiste en que «del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente».

El departamento que dirige Álvaro García Ortiz, además, da por buenas dos de las afirmaciones más polémicas que ha venido sosteniendo Grande-Marlaska en sus numerosas intervenciones parlamentarias: que no hubo denegación de auxilio y que no se incumplió la ley con las expulsiones en caliente de los subsaharianos que sí que lograron entrar al territorio nacional a través, fundamentalmente, del tejado del puesto fronterizo.

«Ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio», afirma de manera rotunda la Fiscalía.

El aval a las deportaciones exprés practicadas por Interior también es rotundo, hasta el punto de que la Fiscalía hace suya la denominación –«rechazos en frontera»- que Grande-Marlaska ha usado para referirse a las conocidas 'expulsiones en caliente. La Fiscalía reconoce que hubo 470 «rechazos en frontera», y no un centenar como asegura Interior, pero recalca que esas «devoluciones» se hicieron «en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española».

En otro de los temas más controvertidos, los mapas del Catastro y del Instituto Nacional Geográfico (IGN), que sitúan la tragedia en territorio nacional, la Fiscalía se pone de perfil y evita pronunciarse sobre una cuestión que podría habilitar a la justicia española para abrir una investigación de oficio.

«Los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí», constata el informe, que zanja de manera salomónica «el amontonamiento de personas se produjo entre ambos recintos fronterizos», sin afirmar en ningún momento que el «amontonamiento» fue de cuerpos inertes y que fuerzas de seguridad del país vecino entraron en el patio de soberanía española para llevarse de vuelta a Marruecos lo que en las imágenes parecen ser cadáveres.

La investigación de la Fiscalía es la segunda abierta en España sobre los sucesos de aquel viernes en el paso de Barrio Chino. La otra corre a cargo del Defensor del Pueblo, que, por el momento, solo ha hecho público un informe preliminar con importantes divergencias sobre el relato que hace el Ministerio Público.

En ese documento, fechado el 14 de octubre, la oficina que dirige Ángel Gabilondo básicamente puso en duda la versión del Ministerio del Interior de que todos los hechos ocurrieron en territorio marroquí, que las fuerzas de seguridad españolas actuaron con proporcionalidad y que no se cometió ninguna irregularidad.

Según el Defensor, hubo guardias civiles que apedrearon a los inmigrantes; las fuerzas marroquíes entraron a España para deportar a los 'sin papeles'; Interior supo en directo todo lo que ocurría y de la magnitud de la tragedia gracias a las cámaras del dron y el helicóptero y aun así no movilizó a las asistencias técnicas; el uso de gases también por parte de la Guardia Civil coadyuvó a aumentar el peligro durante las avalanchas en la cancela; y las autoridades españolas ejecutaron expulsiones ilegales de cerca de medio millar de subsaharianos sin comprobar ni su identidad y ni si reunían las condiciones para pedir asilo.