MIGUEL VILLAMERIEL
Jueves, 6 de diciembre 2018, 11:06
A juicio de la mayoría de los partidos vascos, a la Constitución no le han caído bien los 40 años de vida que cumple hoy. Para grupos abertzales como el PNV y EH Bildu, la Carta Magna nació el 6 de diciembre de 1978 con ... un error de base al no reconocer «el hecho nacional vasco y catalán», una falla que se ha acrecentado con el paso de estas cuatro décadas. Elkarrekin Podemos, una coalición de reciente creación, considera que la Constitución «ya no es capaz de hacer frente a los retos que la sociedad tiene por delante», por lo que aboga por un «proceso constituyente en el que la ciudadanía sea protagonista». El PSE y el PP defienden los 40 años de progreso que ha propiciado la Carta Magna, aunque los socialistas reconocen que no le vendría mal una reforma «en clave federal». Los populares son los únicos que la defienden sin fisuras y alertan contra los riesgos de una reforma que no estuviera muy acotada en sus objetivos.
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1- ¿Qué valoración hace de los 40 años de la Constitución Española? ¿Ve más luces que sombras?
2- ¿Ha cumplido las expectativas de su partido o, si no la apoyó, se reafirma en aquella decisión?
3- ¿Ve imprescindible una reforma para actualizarla? ¿Qué debería incluir esa modificación?
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Nosotros nos mantenemos en la misma posición que hace 40 años, en el sentido que también entonces manifestó la ciudadanía vasca en el referéndum constitucional, con la mayor tasa de abstención del Estado: no nos sentimos integrados en la Constitución Española. Actualmente, además, consideramos que hay más desafección que nunca (así lo reflejan las realidades vasca y catalana, y la presencia, con un gran número de escaños, de un partido en el Congreso que se define antimonárquico). Resulta sorprendente el entusiasmo con el que se quiere celebrar este 40 aniversario cuando tanto la Constitución como la transición están siendo más cuestionadas que nunca.
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El déficit de legitimación con el que nació la Constitución en Euskadi perdura hoy en día. Sigue sin reconocerse a los vascos como nación. Estos últimos 40 años, además, se ha producido una interpretación involucionista de la cuestión territorial en perjuicio del autogobierno vasco y no ha habido voluntad de abordar la cuestión nacional vasca o la catalana. La constitución, con la interpretación cicatera que se hace de ella desde los poderes del Estado, se ha convertido para algunos en un instrumento para imponer una visión política unilateral en vez de utilizarla para posibilitar soluciones políticas dialogadas.
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Creemos que es imprescindible afrontar el hecho nacional vasco y catalán. La concepción expansiva del Estado, negando competencias de la Comunidades Autónomas o interpretándolas a la baja, hace necesario también repensar el modelo y el sistema de garantías. El Tribunal Constitucional, totalmente cuestionado, no ha contribuido a dar cauce al diálogo y a la solución de problemas. No creemos, sin embargo, que exista voluntad política de abordar los grandes déficits de la Constitución y menos aún en estos momentos en la clave apuntada.
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La Constitución española fue el candado impuesto a Euskal Herria en un intento por ahogar sus ansias de libertad, un obstáculo para construir una república vasca libre, soberana y digna, que defienda los intereses del conjunto de la ciudadanía. Tras 40 años, en Euskal Herria, así como en Cataluña, existe una mayoría política y social que considera que tiene el derecho democrático a decidir. El régimen del 78 atraviesa una profunda crisis, está sumido en una clara regresión y nos amenaza con la recentralización y la involución democrática. Ante ello es imprescindible trabajar por una vía democrática que nos lleve a la independencia o bien lograr, por la vía de la independencia, una democracia real. Ante la magnitud del reto que se nos presenta, las diferentes naciones sin Estado debemos buscar estrategias compartidas para dar respuesta a la imposición y negación del Estado, así como a las ansias de libertad de la mayoría social.
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Advertimos que, en caso de no producirse una ruptura democrática con el franquismo, el régimen del 78 no conllevaría una democratización real del Estado, ya que la Constitución apuntalaba los pilares del franquismo: la unidad de España y el capitalismo. Valoramos que el Estado de las Autonomías no podía dar respuesta a la demanda de Euskal Herria de ser dueña de su futuro, de tomar sus propias decisiones. El tiempo nos ha dado la razón. El Estatuto de Gernika y Amejoramiento navarro no se han desarrollado, el Estado no tiene oferta democrática para Euskal Herria y la ruptura es tan necesaria como en el 78. Más, si cabe, ante la apuesta decidida por la recentralización y la involución democrática por parte de los sectores más reaccionarios. El derecho a decidir es la llave para salir de esta situación perjudicial para la sociedad vasca. Volveríamos a votar 'no' a la Constitución Española.
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La única manera de hacer frente a la recentralización e involución democrática en ciernes, así como al auge de la ultraderecha, es la democratización del Estado, que solo es posible dando cabida al derecho a decidir que nos asiste a vascas, catalanas y gallegas. Cualquier reforma que se plantee y que no contemple el derecho a decidir, no tendrá el apoyo de la mayoría social y política que demanda ser sujeto de decisión y sería un nuevo lavado de cara del franquismo. Sería perpetuar a su sucesor, el régimen del 78.
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Las constituciones tienen que ser instrumentos útiles que recojan los valores, normas y principios necesarios para la convivencia de la ciudadanía, adaptándose y sirviendo a la realidad de una sociedad. La actual Constitución ya no es capaz de hacer frente a los retos que nuestra sociedad tiene por delante. Retos de carácter político, social, territorial y ambiental para los que ya no tiene respuesta. Para nosotras es claro que el régimen del 78 está agotado y que en las sombras de esta Constitución están las causas de la crisis política, social y económica que vivimos. Hace ya tiempo que dejó de servir a los intereses de la ciudadanía. Los pactos, para que sirvan para la convivencia, tienen que actualizarse. Nosotras queremos hacerlo, creemos que la ciudadanía lo necesita; pero, mientras, exigimos su cumplimiento en todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere al cumplimiento íntegro de todos los derechos sociales, no sólo los de una minoría.
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Bueno, nosotras no votamos…. Pero, sin duda, la Constitución representó un cambio respecto al régimen dictatorial franquista, estableciendo derechos y libertades que hasta ese momento no eran reconocidos, pero no recogió ni garantizó las aspiraciones de amplios sectores de población; por ejemplo, las de las naciones históricas, o la reivindicación de igualdad del movimiento feminista. Al igual que el Estatuto vasco, también se olvidó de las mujeres. Hay que reconocer que si hoy en Euskadi disfrutamos de un amplio autogobierno es también fruto de aquella Constitución. Del mismo modo que fruto ella es el conflicto competencial entre instituciones, el incumplimiento de nuestro Estatuto de Gernika, el 155 en Cataluña o la negativa a articular fórmulas para que la ciudadanía pueda llegar a decidir sobre el estatus territorial. En esta Constitución también nos impusieron un rey sin darnos la oportunidad de decidir entre república o monarquía. Si duda, una de las grandes losas que nos dejó el régimen del 78. Ya sea por la vía de la reforma o de un proceso constituyente, es necesaria una nueva Constitución.
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Debemos plantear la necesidad de construir una alternativa. Llegando a acuerdos entre diferentes, amplios y plurales. Necesitamos un proceso constituyente abierto, participativo y transparente, en el que la ciudadanía sea protagonista. Y este proceso pasa por blindar y garantizar derechos sociales y políticos, por crear instituciones transparentes, cercanas, participativas y ejemplares, por reformular el Estado en clave plurinacional y plurilingüe, defendiendo una república en clave federal o confederal. Pasa por garantizar el derecho a una vivienda digna, a la salud y a la educación públicas, de calidad y gratuita. Necesitamos asegurar el derecho a un sistema público de pensiones decente. Este nuevo marco constitucional debe estar al servicio de la mayoría social, garantizando realmente la supeditación de la riqueza al interés general y que consagre la igualdad real entre mujeres y hombres.
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La Constitución Española es, ante todo, un pacto de convivencia, un gran pacto que ha hecho posible una etapa en la que hemos avanzado como nunca en la modernización del país y en la cohesión social. Y esto vale tanto para el conjunto de España como para Euskadi. El Partido Socialista ha sido protagonista destacado de esta etapa histórica, en la que también se ha configurado un sistema descentralizado, el de las autonomías, que con sus déficits, ha permitido en el caso vasco un desarrollo del autogobierno sin comparación en Europa. El tiempo transcurrido no nos puede hacer olvidar que este pacto nos permitió poner coto tanto a los intentos golpistas como a la amenaza constante y repetida del terrorismo, que tenían como objetivo acabar con la democracia. La Constitución abrió la puerta a la modernidad, el crecimiento económico, el respeto a los derechos y libertades y, también con ello, a la integración en el espacio europeo.
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El balance del recorrido constitucional tiene que ser positivo, por lo que ha sido hasta ahora y lo que será en el futuro, sin que ello sea obstáculo para una reforma constitucional que consideramos necesaria. Los socialistas estamos muy orgullosos de haber estado en éste y en otros acuerdos que han contribuido a ensanchar los derechos y libertades, también en Euskadi.
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Hace 40 años, era difícil que la Constitución contemplara derechos como los relacionados con el medioambiente, por poner un ejemplo, o que imaginara la profunda huella que la integración en Europa ha provocado en nuestro sistema institucional. Ahora que escuchamos voces desde la derecha que van más allá de sus ya graves pulsiones centralizadoras y planean una revisión del propio Estado de las Autonomías, y cuando la ultraderecha simplemente se plantea su supresión, creemos que es necesario un modelo de financiación que garantice su fortaleza y el sostenimiento de sus servicios públicos. Los socialistas llevamos tiempo defendiendo una reforma constitucional en clave federal porque pensamos que es la mejor manera de defender la igualdad y la solidaridad y de oponernos a las propuestas de ruptura. Mantenemos que es la mejor forma de acordar, de profundizar en la corresponsabilidad, de defender las singularidades y de dar respuesta a lo que demandan los ciudadanos. Nuestro objetivo debe ser renovar un pacto, que será mejor con el blindaje de los derechos sociales, que en la actual Constitución ahora solo se enuncian. La reforma debe, además, conjugar mejor la convivencia entre los territorios y delimitar con claridad las competencias para evitar la actual conflictividad.
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La Constitución garantiza un sistema de derechos y libertades sobre el que se asienta la convivencia democrática. Su vocación de concordia permitió la reconciliación de la nación en torno a los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. La Carta Magna de 1978 consolidó además un nuevo espacio jurídico-político, a partir del cual España inició su proceso más importante de progreso económico y bienestar social. Son muchos los logros de estos 40 años de Constitución, que sigue siendo el mejor referente de futuro para las nuevas generaciones.
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La Constitución ha demostrado en estos años una gran fortaleza frente a todos los que la han querido destruir. Ha permitido reconocer la foralidad y los derechos históricos de los territorios vascos, y además ha hecho posible la consolidación de nuestro autogobierno, uno de los más amplios de Europa. Pese a las críticas de los partidos nacionalistas, hoy el País Vasco es lo que es gracias a la Constitución y, en consecuencia, a la aprobación después del Estatuto de Gernika, que certifica la compatibilidad de una España igual en derechos y obligaciones con la diversidad, riqueza y pluralidad del territorio español. Además, los instrumentos previstos en la Constitución han permitido afrontar con éxito los desafíos más importantes a nuestro Estado de Derecho, como han sido el terrorismo o el órdago rupturista protagonizado por los independentistas catalanes.
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La Constitución se puede reformar, pero siempre teniendo claro el objetivo de esa reforma. Sería un error abordar una reforma sin definir las metas que se pretenden lograr ni tener los consensos suficientes para garantizar la estabilidad de ese proceso.
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