El martes se celebra el juicio del procés, una vista oral histórica

Los doce procesados que desfilarán por el Tribunal Supremo se enfrentan a una causa mastodóntica. Y no solo por la gravedad de los hechos que se juzgan -se piden entre 7 y 25 años de prisión para cada uno-, sino también por las cifras de vértigo que arroja el juicio. Sin ir más lejos, los escritos de acusación y defensa suman alrededor de 2.100 folios. Salvo cambios de última hora, serán necesarios al menos tres meses con vistas diarias de martes a jueves y sesiones de mañana y tarde. Todo dependerá, eso sí, del ritmo que lleven las declaraciones, que no son pocas precisamente.

Lo que más ralentizará el proceso será el testimonio de los testigos. Serán más de medio millar de personas las que deberán relatar su implicación en los hechos juzgados, ya sea a un lado o a otro. Entre ellos, destaca la presencia del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la principal interlocutora con las autoridades catalanas durante los meses previos al referéndum ilegal del 1-O.

También deberá asistir -es poco probable que se le permita testificar por videoconferencia desde Bilbao- el lehendakari. Iñigo Urkullu, llegó a ejercer de mediador entre Moncloa y la Generalitat para evitar la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont antes de su huida a Bélgica. Hay que recordar que los testigos están obligados a decir la verdad y a contestar las preguntas de todas las partes, incluyendo a la acusación popular ejercida por Vox y su secretario general, Javier Ortega Smith. De igual forma, deberán responder a los representantes de Fiscalía y Abogacía del Estado, así como a los letrados de la defensa.

La sala cuenta con un aforo muy limitado. Por ejemplo, hay 24 sitios reservados para los familiares de los procesados. Por ello, el Supremo ha autorizado que todas las sesiones sean retransmitidas en directo por 'streaming' con una señal distribuida por RTVE. Este es precisamente el argumento esgrimido por el tribunal para vetar la reserva de plazas para posibles observadores internacionales. Tal y como ha venido haciendo durante todo el 'procés', el soberanismo quiere exteriorizar la cuestión catalana y poner en solfa el sistema judicial español.

La ley permite el uso del catalán dentro de la Sala Segunda y así será, pero todavía hay dilemas por resolver, como el uso de símbolos. No sería extraño que los líderes políticos y sociales del independentismo quisieran lucir lazos amarillos en su vestuario. Si bien ese elemento no incluye ninguna proclama en sí, su significado político es evidente y generaría cierta polémica. Parece claro que los letrados defensores no podrán llevarlo sobre sus togas, pero aún se debe disipar las dudas sobre los procesados, los testigos y el público.