El ministro Marlaska se reúne mañana con todos los colectivos de víctimas en su primer acto oficial

Fernando Grande Marlaska se reunirá mañana con todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en la sede de Interior en Madrid. Se trata de uno de los primeros gestos del nuevo ministro, que siempre ha mostrado su cercanía hacia los damnificados. Llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie su intención de cambiar la política penitenciaria con los presos de ETA.

Más allá de presentarse formalmente a todos los colectivos de víctimas –se espera que acuda una persona en representación de cada uno de ellos–, Marlaska deberá abordar una cuestión especialmente delicada: el posible acercamiento de los reclusos de la banda a cárceles próximas a Euskadi y la flexibilización de las condiciones para que puedan mejorar de grado y obtener beneficios. En su primera entrevista como jefe del Ejecutivo, que se emitió el lunes por la noche en Televisión Española, Sánchez 'tiró la piedra', y ahora le toca al ministro del Interior no esconder la mano. Las asociaciones de víctimas consideran que «guste o no lo que diga», Marlaska les contará «la verdad», así que confían en que el nuevo responsable de Interior les despeje las dudas sobre cuál será el proceder del Gobierno en esta cuestión.

La última vez que todos los colectivos de damnificados por el terrorismo se sentaron en una misma mesa con el Ejecutivo central fue el pasado mes de mayo. Los interlocutores fueron Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, y Juan Ignacio Zoido, su ministro del Interior. Rajoy, que les citó por primera vez en La Moncloa, evitó aclarar ante las víctimas si facilitaría el acercamiento de presos de ETA. Se limitó a afirmar que no habría «impunidad» y que el Ejecutivo cumpliría «escrupulosamente la ley». Una semana después, se conoció que el Ministerio del Interior había encargado un censo sobre la situación de los reclusos enfermos y en segundo grado, lo que soliviantó a las víctimas, que vieron tambalearse su confianza en el Gobierno del PP.

Hace dos semanas que Pedro Sánchez juró el cargo como presidente, tras sacar adelante la moción de censura contra su predecesor. Y las cartas están sobre la mesa. En la entrevista del lunes en TVE, Sánchez confirmó oficialmente su voluntad de modificar la política penitenciaria. «Evidentemente, es hora de abordarla de otra manera», dijo, en línea con la postura que desde hace tiempo ha defendido su partido tanto a nivel nacional como en Euskadi. Eso sí, se cuidó mucho de concretar más. Todo apunta a tres posibles ejes de actuación: el acercamiento de algunos presos a cárceles próximas al País Vasco, la flexibilización de las condiciones para que los internos puedan mejorar de grado y obtener beneficios penitenciarios y la posible excarcelación de los reclusos enfermos.

El presidente del Gobierno recalcó, ahora bien, que cualquier paso se realizará de forma «individualizada». Tanto el Ejecutivo como los socialistas descartan la idea de realizar movimientos globales. Además, quieren que los presos de la banda reconozcan de forma aún más clara el daño causado por sus acciones para evitar que se distorsione la realidad de lo que ha ocurrido en este país. Su apuesta es desarrollar un modelo similar al de la conocida como 'vía Nanclares'.

No es de sorprender que Pedro Sánchez se haya decantado por colocar en puestos clave a personas que a lo largo de su trayectoria han apostado por el camino de la reinserción y la justicia restaurativa. Sería el caso, por ejemplo, del propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el delegado del Gobierno en Euskadi, el exparlamentario vasco Jesús Loza.

Pocos días después de asumir su cargo, Marlaska telefoneó al hijo de Antonio Cedillo, policía nacional asesinado a tiros por ETA en Rentería en 1982. Le trasladó que está dispuesto a estudiar una de las principales reclamaciones de José Miguel, que se conceda la pensión extraordinaria por terrorismo a los huérfanos que acrediten secuelas. La legislación actual establece que las víctimas directas de ETA, como su madre, tienen derecho a una pensión de viudedad de por vida. Sin embargo, los hijos la perciben sólo hasta los 24 años. Marlaska deberá hilar fino mañana para tratar de tejer complicidades con las asociaciones de damnificados. Aclarar sus interrogantes, que no son pocas, y sobre todo, ganarse su confianza, a sabiendas de que tiene entre manos una materia más que sensible.