Marlaska asegura a las víctimas que no habrá acercamientos en bloque de presos de ETA

Marlaska ha mantenido esta mañana una reunión en Madrid con la AVT que se ha alargado durante dos horas. La política penitenciaria ha sido una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Máxime después de que a principios de enero, el secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, anunciara que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu iba a presentar a Moncloa un plan para acercar a 210 reclusos de la banda a las tres cárceles de Euskadi (Zaballa, Basauri y Martutene), así como a las que se ubican en Pamplona, El Dueso (Cantabria), Logroño y Burgos.

La propuesta recogía un cambio de paradigma. Si bien hasta la fecha la autocrítica es un requisito indispensable para que los etarras sean trasladados, Lakua aboga por invertir el proceso. Defiende que el reconocimiento del daño causado no sea una exigencia previa y que esta cuestión se trabaje una vez hayan sido acercados a Euskadi.

La iniciativa no tardó en suscitar las críticas de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo –entre ellas, la propia AVT–, mientras que el PSE, socio de Gobierno del PNV, se desmarcó del mismo y reiteró su apuesta por un acercamiento individualizado de los presos de la banda. En esa misma línea se ha pronunciado hoy el ministro del Interior. Marlaska, que ha asegurado no haber recibido oficialmente la propuesta del Ejecutivo vasco, ha afirmado que no contempla un plan determinado de traslados en bloque y ha reiterado, tal y como lo hiciera ya hace dos años, que se seguirá haciendo un tratamiento individualizado, en el que se tendrá en cuenta su evolución personal, exigiéndoles una condena explícita de la violencia y la asunción de la legalidad penitenciaria. Desde la AVT se ha vuelto a reclamar a Interior que se requiera a los presos la colaboración con la Justicia.

Respecto a la cesión competencia de Prisiones a Euskadi, el ministro del Interior ha manifestado que, en cualquier caso, lo que se cederá será la gestión de las cárceles que se encuentran en el País Vasco, los presos que se encuentran en el resto de la geografía española continuarán dependiendo del Gobierno central.

A la reunión han asistido, además del ministro, la subsecretaria de Interior, Isabel Goikoetxea, y la nueva directora de Víctimas del Gobierno central, Montserrat Torija. Por parte de la AVT han acudido su presidenta, Maite Araluce; Miguel Folguera, miembro del consejo, y la abogada del colectivo, Carmen Ladrón de Guevara.

Además de la política penitenciaria, el encuentro ha servido también para retomar el debate sobre la reforma de la ley estatal de víctimas del terrorismo, una modificación que ambas partes han reconocido estancada. Entre otras razones, por una cuestión meramente económicas. Uno de los cambios más ambiciosos es la eliminación del plazo para que una persona sea reconocida como víctima y pueda acceder a las ayudas.

Hasta ahora, la normativa establece un máximo de un año desde que se produce el atentado o, en el caso de los heridos, desde que se recibe «al alta médica o la consolidación de las secuelas». Este movimiento supondría la reforma del artículo 28 de la actual ley, que data de 2011. El objetivo es que se vuelvan a abrir los plazos con carácter retroactivo desde 1960.

La modificación de la ley estará sujeta a varios trámites. El primero, pasar por el filtro de Hacienda. Y ahí reside la clave. Deberá hacerse un cálculo estimativo de lo que podrían suponer las futuras indemnizaciones. Y las cuantías se prevén elevadas. En la AVT consideran, y así lo han traslado, que la cuestión económica no puede frenar una reforma de la normativa más ambiciosa, en la que también se apuesta por reformular cuestiones más técnicas.

En este sentido, ambas partes han acordado la creación de una mesa de trabajo entre la Subsecretaría de Interior y la propia asociación de víctimas para ir puliendo detalles de la ley. Se ha planteado, por ejemplo, la posibilidad de incluir sanciones económicas a los Ayuntamientos que permitan la celebración de 'ongi etorris' a terroristas.

También ha querido la AVT dejar constancia de «los problemas de funcionamiento» de la Fundación Víctimas del Terrorismo, cuya presidencia ostenta desde 2012 Mari Mar Blanco. No es la primera vez que la actividad de esta entidad se pone en entredicho. Otros colectivos, como Covite, ya criticaron en su día la «incompatibilidad», a su entender, de mantener a Blanco en el puesto dado su papel político como cargo institucional del PP –es asesora de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid–. Tras el cese de la directora de Víctimas, Sonia Ramos, está por ver si el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos opta también por relevar a Mari Mar Blanco como presidenta de la FVT.