Marlaska apoya sancionar la exhibición de fotos de presos de ETA como plantea el Gobierno vasco

La propuesta anunciada por la consejera María Jesús San José en su comparecencia del miércoles en el Parlamento vasco supone uno de los primeros gestos del PSE en su estrategia por reforzar la deslegitimación del terrorismo. Llega, además, tras un verano en el que las víctimas han redoblado sus críticas al constatar la proliferación de mensajes de apoyo a los presos de ETA en las diferentes fiestas veraniegas.

Los principales colectivos de damnificados han pedido a las instituciones que pongan freno a esta exhibición, y así se lo han trasladado al Gobierno vasco en el Consejo de Participación de Víctimas del Terrorismo, un órgano en el que están representadas las asociaciones más representativas y el propio Ejecutivo autonómico.

La cuestión es cómo hacerlo, porque se ha demostrado que no es una tarea sencilla. El primer intento por eliminar de txosnas y otros recintos las fotografías de presos de ETA se produjo tras la llegada de Patxi López a Ajuria Enea, conRodolfo Ares en Interior. Fue la llamada política de «tolerancia cero», que culminó con la entrada de la Ertzaintza en varios recintos festivos para retirar los carteles de apoyo a los miembros de la banda.

Pero aquel plan chocó enseguida con la Justicia. Tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como la Audiencia Nacional recalcaron en varias sentencias que la colocación de fotografías de presos de ETA no tenía que suponer siempre un delito de enaltecimiento. Una postura que en 2013 avaló el Tribunal Supremo al absolver a cuatro acusados de portar fotografías durante la Korrika. Los magistrados consideraron que aunque la cuestión se movía «en el límite externo de lo punible», no podía «tomarse de manera inequívoca como legitimación de terrorismo».

A pesar de estas dudas y de ser conscientes de que se mueven en un terreno complejo, elDepartamento de Justicia cree que es necesario abrir «el debate» para intentar poner coto a la exhibición de unas fotografías que consideran no tienen cabida en Euskadi por el dolor que causan a las víctimas. «Nadie pondría las de un violador», recalcan.

La fórmula concreta con la que se quiere trabajar todavía está por definir, pero el antecedente que se mira es la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi aprobada en septiembre de 2023 en el Parlamento vasco. Un texto que combate cualquier tipo de exaltación de la dictadura franquista y humillación a las víctimas de la dictadura, y que también incluye un régimen sancionador que oscila entre los 200 y los 150.000 euros en función de si las infracciones son leves, graves o muy graves.Aquella ley salió adelante con el apoyo de EH Bildu y solo contó con el rechazo de PP, Vox y Ciudadanos por, precisamente, no incluir ninguna mención a ETA.

«Cuidar su dignidad»

La apuesta de la consejera San José, en todo caso, fue avalada este miércoles por Marlaska, que participó en una conferencia en la que estaban dos de los principales responsables del Departamento de Justicia: el viceconsejero Alfonso Gómez e Inés Soria, la asesora en materia penitenciaria que ha reemplazado a Jaime Tapia.

El ministro del Interior recalcó que «hay que cuidar y velar por la dignidad de las víctimas y no se puede manchar su recuerdo». En este sentido, afirmó que «es absolutamente correcto que se realice una labor de reconocimiento permanente a las víctimas del terrorismo, a su memoria». «Yo siempre lo he dicho, y es así, que (las víctimas) son un referente ético para el conjunto de la sociedad española y muy particularmente en nuestra tierra, en Euskadi, donde tuvimos que afrontar momentos que no nos hubiera gustado y, evidentemente, los derechos de las víctimas, cuidar de su dignidad y de su integridad moral, son un principio básico», añadió el titular de Interior.