El 'caso Margüello' vuelve a quebrar el pacto PNV-PSE

Lo que no consiguen quebrar las sospechas sobre el 'caso De Miguel' –PNV y PSE votaron conjuntamente hace algunas semanas contra una iniciativa parlamentaria que reprobaba las declaraciones de algunos políticos nacionalistas a favor de los implicados– sí que lo consiguen los debates que buscan depurar responsabilidades políticas sobre el 'affaire' de Margüello. La razón es que fue el Gobierno que lideraba Patxi López el que presentó en 2008 la primera denuncia al detectar irregularidades en la externalización de servicios de Osakidetza para beneficiar supuestamente a las empresas vinculadas al exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello. El consejero de Sanidad cuando ocurrieron los hechos era el jeltzale Gabriel Inclán.

Tras una maratoniana instrucción, la Audiencia de Bizkaia condenó el mes pasado a Margüello y al exresponsable del Departamento vasco de Sanidad de Bizkaia José Ramón Elorriaga a 9 años de inhabilitación, y a 7 a la que fuera socia de Margüello María Nieves Fernández. Los tres, y el exviceconsejero Rafael Cerdán, fueron absueltos de los delitos de malversación de caudales y negociación fraudulenta por los que la Fiscalía reclamaba penas que sumaban 40 años de cárcel.

A la espera de que la vía judicial se cierre –la Fiscalía quiere recurrir ante el Supremo–, el pleno del Parlamento ha reactivado la reclamación política. Una comisión de investigación organizada en la Cámara de Vitoria la pasada legislatura constató que el 'caso Margüello' generó daño a las arcas públicas al incurrir en al menos seis tipos de irregularidades al contratar y prorrogar contratos. Para evitar repeticiones se hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno vasco, y la oposición, con el apoyo del PSE, ha reclamado al Ejecutivo que las asuma «de una vez».

La iniciativa ha sido llevada a la Cámara por Elkarrekin Podemos, cuyo parlamentario Juan Luis Uria ha lamentado «el daño» que el 'caso Margüello' hace al prestigio de Osakidetza. «Es el mejor servicio de salud de España, pero no se pueden tapar la corrupción y el clientelismo», ha advertido. «El PNV queda en evidencia una vez más», ha añadido Laura Garrido (PP), «cuando la corrupción afecta a otros partidos su exigencia es total», ha añadido. Garrido fue la presidenta de la comisión de investigación, «el trabajo fue exhaustivo y debe tenerse en cuenta», ha pedido. «Estar condenado por prevaricar no es poca cosa, el PNV debe admitir lo ocurrido», ha reclamado Eva Blanco desde EH Bildu. Más tenue en la crítica, la socialista Natalia Rojo ha recordado que fue el Gabinete de López quien destapó la trama y, pese a pedir más controles, ha advertido de que el Ejecutivo trabaja desde 2012 en mejorar su transparencia. La Cámara ultima desde hace meses una nueva ley.

Al PNV le ha tocado defenderse en el debate. El parlamentario Kerman Orbegozo ha concedido que «a veces» se registran prácticas irregulares, pero ha lamentado que la iniciativa aprobada en el pleno de hoy «busque realmente un juicio paralelo» contra los implicados en el 'caso Margüello' y contra su partido. Por eso ha esgrimido que «ya hay una sentencia» judicial sobre el 'caso Margüello' y ha asegurado que el Gobierno ya implementa medidas de control desde hace años. Su gestión ha sido reconocida por diferentes organismos autónomos, como Transparencia Internacional, los últimos ejercicios.