El 'caso Margüello' sienta al PNV de nuevo en el banquillo de los acusados

Se trata de José Carlos Margüello, exdirector de calidad del hospital de Cruces y cuyo apellido da nombre al sumario; José Ramón Elorriaga, exdirector de Sanidad; María Nieves Fernández, socia de Margüello en la compañía investigada; y Rafael Cerdán, exviceconsejero de Sanidad en el Ejecutivo autonómico. La Fiscalía pide para los tres primeros 11 años de reclusión, mientras que rebaja la pena para Cerdán a 6 años y medio. A todos se les exige además la devolución de los 6,8 millones de euros defraudados, según la instrucción. El Gobierno vasco, que está personado como principal afectado por la presunta actuación delictiva de los procesados, ha evitado pedir penas de cárcel y se limita a que se le restituya la cantidad de dinero obtenida por los implicados de forma ilegal.

La investigación judicial sostiene que Margüello aprovechó su puesto en el hospital vizcaíno de Cruces para «constituir y gestionar de manera efectiva» dos firmas mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI, en las que figuraba como administradora María Nieves Fernández, que en realidad ejercía como mera testaferro. Estas compañías habrían obtenido «importantes adjudicaciones públicas», según la juez instructora, que considera que hay indicios suficientes para creer que ambas empresas se vieron «favorecidas» con contratos que supusieron «la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no deberían haber recibido».

La Fiscalía sostiene, en su escrito de acusación, que Rafael Cerdán y José Ramón Elorriaga -cargos de confianza del entonces consejero Gabriel Inclán- se saltaron la ley para beneficiar a las compañías de Margüello. Relata, por ejemplo, cómo en febrero de 2006, poco después de que se constituyera una de las firmas, se presentó una solicitud ante la Dirección de Sanidad en Bizkaia para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos rechazaron la solicitud pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió hasta que consiguió que se le diera el visto bueno y pudiera empezar a ser contratada. Una actuación que, según la Fiscalía, se saltó «todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos». Apenas una semana después de conseguir el plácet, Cerdán ya dictó una resolución para beneficiar a esa empresa con un contrato de gestión de las listas de espera. La tramitación se llevó a cabo mediante un «procedimiento de emergencia» a sabiendas de que no era legal y que la firma no estaba preparada para esos servicios. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008. A esa cantidad hay que sumar otros 6,8 millones por servicios irregulares vinculados a la rehabilitación de pacientes, que también se adjudicaron «a dedo» y sin la publicidad necesaria. Hasta el punto de que Elorriaga habría anulado el concurso público ya iniciado. El presupuesto máximo del contrato era de 212.800 euros pero Elorriaga y María Nieves Fernández habrían elevado la cantidad anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008.

El caso tiene, además, unas evidentes repercusiones políticas. Pone el foco, en primer lugar, sobre el Departamento de Sanidad que dirigía Gabriel Inclán en la época de Juan José Ibarretxe. El exconsejero será uno de los testigos que deberá comparecer en la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia, en una vista oral que arrancará mañana y que finalizará el jueves.

Pero la causa también puede acarrear ciertas derivadas para otras dos entidades: la Fiscalía del País Vasco y el PSE. Para el Ministerio Público porque quien llevó la acusación desde el primer momento fue la que ahora es fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán. De hecho, el fiscal general del Estado llegó a destacar en 2017 que uno de los principales motivos de su elección para la cúpula judicial en la comunidad autónoma había sido su lucha contra la corrupción.

En el caso de los socialistas, de quedar exculpados los cuatro acusados o con condenas mínimas que pudieran ser revocadas en casación, porque ellos fueron los que impulsaron la investigación. De hecho fue Rafael Bengoa, consejero de Sanidad de Patxi López, quien denunció el caso y lo puso en el foco de los medios de comunicación. De eso han pasado nueve años. La decisión final se podrá conocer en apenas unas semanas.