Lunes, 19 de marzo 2018, 18:22
El exdirector de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello, ha negado hoy cualquier tipo de responsabilidad en las empresas investigadas por supuestamente beneficiarse de forma ilegal de dos contratos adjudicados por Osakidetza desde 2006, cuyo perjuicio a las arcas públicas ascendió ... a 6,8 millones de euros, según la acusación de la Fiscalía, y ha asegurado que su papel era sólo «simbólico». «Nunca me involucré, ni intermedié con ninguna administración para que recibiera contratos», ha afirmado este mediodía Margüello en la Audiencia Provincial.
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A pesar de negar que tuviese un papel determinante en las compañías, Margüello, cuyo apellido da nombre a un caso que empezó a investigarse en 2009, admitió que tenía el 1% del accionariado de una de las sociedades –Gestión de Servicios Sanitarios- y que firmó un convenio de colaboración en nombre de esta empresa con la Clínica San Francisco Javier. Lo hizo, según ha declarado, porque la dueña del 99% restante del accionariado –Edurne Fernández, que también se sienta en el banquillo de los acusados junto a dos altos cargos del PNV durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe- no pudo acudir ese día a rubricar el acuerdo. Según su versión, se metió en la empresa por «amistad» y porque quería «apoyar» a su socia.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía considera que Fernández era una simple testaferro de Margüello en estas empresas, que, según la instrucción judicial que se ha prolongado durante 5 años, obtuvieron «un favorecimiento en las adjudicaciones que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no deberían haber recibido». Además del exdirector de Cadlidad de Cruces y de Fernández, están acusados el exviceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Cerdán, y el exdirector de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, durante la etapa en la que la consejería estaba dirigida por Gabriel Inclán. Estos dos últimos se sientan en el banquillo por las resoluciones supuestamente ilegales que firmaron para beneficiar a la firma. La Fiscalía pide para tres de ellos 11 años de prisión y seis años y medio para Cerdán. También les reclama que indemnicen al Ejecutivo autonómico con 6,8 millones de euros. Los servicios jurídicos del Gobierno vasco, representados como acusación particular, no solicitan penas de cárcel para los acusados y se han limitado a pedir, en el caso de que se produzca una sentencia condenatoria, la restitución de los fondos supuestamente percibidos de forma indebida.
La versión de Margüello ha sido respaldada por Fernández. La acusada ha insistido en que la decisión de crear la firma fue suya porque «estaba en la calle» la idea de que se podía hacer «negocio» con la gestión de las listas de espera de Osakidetza.
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