Marco laboral consensuado

Desde su aprobación el ET fue objeto de modificaciones y revisiones, pero la verdadera ruptura con el modelo que se había ido construyendo se produjo con la conocida «reforma laboral» del Gobierno de Rajoy, que supuso un cambio radical en los derechos de los trabajadores, así como una pérdida del poder de los sindicatos alterando sustancialmente su capacidad de negociación. La reforma, llevada a cabo en medio de la profunda crisis económica de 2008, pudo ser aprobada y aplicada sin excesivos problemas debido a los cambios que se habían operado en ese tiempo en España. Entre otros, la mayoría absoluta del PP, la pérdida de influencia de los sindicatos y el cuestionamiento de su función ante los profundos cambios operados en la economía y en el mercado de trabajo. Sin entrar ahora a examinar los resultados de aquella reforma radical, interesa destacar como aspecto más negativo la unilateralidad con la que se actuó, valiéndose irresponsablemente de la mayoría absoluta que disponía el PP. Se aprobó sin que existiera un consenso mínimo entre sindicatos y empresarios. Se rompió así con la regla de oro que debe inspirar a cualquier iniciativa que afecte a los pilares fundamentales de las relaciones laborales.

Ahora que de nuevo está de actualidad la modernización de la legislación laboral para intentar superar los graves problemas que aquejan al mercado de trabajo, conviene que el Gobierno, las fuerzas parlamentarias y los agentes socio-económicos apuesten seriamente para que las medidas que se aprueben cuenten con el consenso mínimo exigible, que en este caso pasa por tener el visto bueno de sindicatos y empresarios y la mayoría absoluta del Congreso. El PP cometió un gran y grave error al optar por la unilateralidad. La CEOE cometió otro gran error animando al PP para que siguiera adelante con la reforma-ruptura, despreciando la posición de los sindicatos. Ahora, Sánchez y la ministra de Trabajo deben evitar que aquel escenario se repita pero con las tornas cambiadas. No es una cuestión de vetos, pues nadie tiene ese derecho. Es algo más sencillo y a la vez profundo: el marco legal de las relaciones laborales, como marco donde se da la confrontación y la negociación entre los agentes que intervienen tiene que ser necesariamente un marco acordado, para evitar que el mismo se vea sometido a las irresponsables actuaciones que genera la polarización política partidista.