La Audiencia Nacional decide mantener en prisión a Ignacio González

El auto de la Sala de lo Penal ha afirmado que el expresidente maneja una «ingente cantidad de fondos de origen delictivo». También indica que hay una «progresiva cristalización de los diferentes indicios de criminalidad» contra él, y adicionalmente continúa vigente el riesgo de fuga.

Según el auto hay una serie de diligencias practicadas y confluyen en el expresidente madrileño «una pluralidad de conductas delictivas graves y reiteradas» de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, fraude, prevaricación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, blanqueo y delito fiscal.

Se trata de delitos que según los jueces responderían a la actuación de González en la financiación irregular del PP de Madrid, la adjudicación del tren de Navalcarnero, la expansión del grupo societario Canal de Isabel II por Sudamérica y la adjudicación fraudulenta y posterior explotación de la empresa Gold Canal.

Es por ello que la Fiscalía ha calificado de «insólita» la propuesta del abogado de González, y se ha manifestado en contra del recurso, al no existir evidencias de que el expresidente esté padeciendo algún tipo de enfermedad «más allá del propio deterioro físico y psíquico que cualquier ingreso en un centro penitenciario puede conllevar», por tanto no se vulneran los derechos a la salud.

La defensa había pedido que se sustituyera la pena por una de arresto domiciliario, al persistir en que el acusado sufre un «problema serio de incertidumbre y zozobra» porque no sabe el tiempo que le queda en la cárcel.

Para los magistrados, estos delitos podrían suponer penas elevadas para González y «a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida (...) Además, el fortísimo arraigo familiar y social en nada obstan para apreciar el riesgo de fuga».

Asimismo insisten en que desde la primera vez que se pidió su libertad hasta ahora solo hay una circunstancia nueva en el caso, el levantamiento parcial del secreto, y precisamente con él se conoció que González «proyectó inversiones millonarias en distintas sociedades presuntamente destinadas a blanquear dinero negro» cuando con sus ingresos no tenía capacidad económica para hacerlas.